El próximo 8 de julio se realizará en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia en que el Ministerio Público formalizará investigación contra el exdiputado Joaquín Lavín León por una nuevos cargos en una arista distinta al fraude al fisco por dineros del Congreso que actualmente lo tiene cumpliendo prisión preventiva.
Se relaciona con eventuales delitos electorales, y se basa en una denuncia presentada recientemente por el Servicio Electoral (Servel), que apunta a posibles irregularidades en rendiciones de campaña, además del eventual uso indebido de información electoral.
Junto con el exparlamentario serán formalizados su exasesor Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco, pareja de Arnaldo Domínguez, quien durante años fue su asesor de extrema confianza. Adicionalmente, se formalizará en ausencia al empresario Felipe Andrés Vázquez Diéguez, fundador de la plataforma SocialTazk, quien reside actualmente en España y no ha regresado al territorio nacional.
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La nueva línea investigativa fue revelada por Mega Investiga. El Servicio Electoral (Servel) presentó una denuncia por inconsistencias detectadas en la campaña parlamentaria del año 2021, como son facturas emitidas por la empresa Modo 74 SpA por un total de $12 millones, cuyos movimientos bancarios de pago no pudieron ser verificados por los peritos financieros. Eso abrió sospechas sobre la veracidad de los servicios. Además se detecto una situación similar en la campaña municipal de la exalcaldesa Cathy Barriga con la misma firma proveedora.
ASESORES FANTASMA
Desde ese punto de partida, la indagatoria penal llegó a la presunta contratación irregular de personal con fondos asignados a la labor legislativa del Congreso Nacional. Uno de los casos apunta a Shigue Kazu Ogino Vargas, quien figuró contratado a inicios de 2021 como apoyo parlamentario por más de $2,5 millones. Sin embargo, los persecutores no habría cumplido tareas en el Congreso, sino que trabajó de forma exclusiva en la sede de Apoquindo 3001, inmueble usado en esa época para la campaña presidencial del padre del parlamentario, Joaquín Lavín Infante.
Algo similar, pero por más tiempo, habría sucedido con Belén Esperanza Carrasco Riquelme.
La tesis de la Fiscalía: Lavín León y su administrador electoral, Arnaldo Domínguez (pareja de Carrasco), armaron una contratación que “sólo existía en el papel” y desde el año 2018 se emitieron informes de actividades y boletas falsas validadas por el propio diputado para justificar desembolsos de la Cámara de Diputados.
FILTRACIÓN DE DATOS
Eso no es todo. La imputación contra Lavín considera también nuevos cargos por archivos que contenían millones de registros confidenciales de electores correspondientes a diversos procesos electorales. Eso apareció en las pericias informáticas realizadas a la plataforma tecnológica SocialTazk, desarrollada por Modo 74.
Ahí el Ministerio Público busca esclarecer si esta gigantesca base de datos provino de filtraciones ilícitas del Registro Electoral del Servel y si el entorno político del exdiputado utilizó esa información confidencial para realizar segmentación de votantes, campañas de mensajería de texto masiva o venta de perfiles a terceros, lo cual constituye una grave vulneración a las leyes que norman el uso de datos privados en Chile.
