La decisión de un grupo de diputados de solicitar a la ANFP que estudie acciones frente al denominado «caso Balogun» instaló un debate que trasciende el fútbol. No tanto por el contenido del oficio, sino por la utilización de herramientas institucionales del Congreso para intervenir en una controversia deportiva internacional mientras el país enfrenta problemas que concentran las principales preocupaciones ciudadanas. En términos deportivos, el oficio que envían los diputados los deja con sabor a autogol.
Los diputados Matías Fernández Hartwig (FA) y Marisela Santibáñez (IND), miembros de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara, solicitaron a la ANFP que se pronuncie sobre el caso que involucró al futbolista estadounidense Folarin Balogun, que tuvo intervención de Donald Trump.
La petición, según Fernández, se fundamenta en que pese a ser un tema internacional, eventualmente «en algún futuro puede tener implicancia en el fútbol profesional (chileno)».
¿En serio?
La petición surgió luego de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolviera dejar en suspenso la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, habilitándolo para disputar el partido frente a Bélgica. La medida no eliminó el castigo, sino que suspendió temporalmente su ejecución conforme a las facultades previstas en el propio Código Disciplinario de la FIFA.
Es público y notorio que el presidente Donald Trump se jactó de intervenir en la medida frente a la FIFA, la que posteriormente lo descartó. Gianni Infantino si bien reconoció la llamada, adujo que la decisión era de los tribunales deportivos. Agregó que sobre ellos no tenía competencia y que las normas disciplinarias contemplaban la decisión asumida.
Verdad o no, es opinable y a lo menos confuso u oscuro y siembra legítimamente la duda. Pero de ahí a que un poder del Estado de Chile oficie exigiendo pronunciamientos… hay mucho trecho.
Una discusión sobre competencias
Los diputados tienen derecho a expresar opiniones sobre cualquier hecho de interés público, incluido un Mundial de fútbol. Sin embargo, el debate cambia de naturaleza cuando esa opinión se transforma en un acto institucional del parlamentario.
El oficio de los diputados supone destinar tiempo, recursos administrativos y facultades propias de la función legislativa para exhortar a una corporación privada, autónoma y ajena a la estructura del Estado, como la ANFP, a evaluar acciones respecto de una decisión disciplinaria adoptada por la FIFA en aplicación de su propia normativa.
Desde esa perspectiva, la discusión deja de ser deportiva y pasa a ser institucional. La pregunta no es si el oficio está permitido. La cuestión es si responde al ámbito de competencias y a la finalidad pública para la cual fueron conferidas las atribuciones parlamentarias.
¿Qué podría reclamar la ANFP?
La iniciativa también abre interrogantes prácticas. La Comisión Disciplinaria de la FIFA es la autoridad que conmutó de oficio la sanción de expulsión directa por un año de prueba bajo el artículo 27 de su Código Disciplinario.
Luego, la resolución fue adoptada por los órganos disciplinarios de la FIFA conforme a sus reglamentos. La ANFP no formó parte del procedimiento, Chile ya estaba eliminado de la competencia y no aparece un perjuicio jurídico directo que habilite una reclamación con posibilidades reales de prosperar.
Por ello, más que discutir el fondo del caso Balogun, el oficio termina trasladando al ámbito político una controversia cuya resolución corresponde exclusivamente a la institucionalidad deportiva internacional.
Un precedente que nació en Chile
Existe además un antecedente histórico que vuelve más compleja la posición asumida por algunos parlamentarios.
Durante el Mundial de Chile de 1962, el gobierno del Presidente Jorge Alessandri realizó gestiones ante la FIFA para que Garrincha pudiera disputar la final después de haber sido expulsado en la semifinal frente a Chile. La sanción no impidió que el brasileño jugara el encuentro decisivo y Brasil terminó conquistando el campeonato.
Más allá de las diferencias entre ambos casos, ese episodio demuestra que la revisión o suspensión de sanciones en instancias mundialistas no constituye un fenómeno inédito. Por el contrario, uno de los antecedentes más recordados ocurrió precisamente en territorio chileno.
Las prioridades también comunican
La controversia sobre Balogun probablemente seguirá alimentando el debate sobre la independencia de la FIFA y la influencia que pueden ejercer factores externos en el fútbol mundial. Ese debate es legítimo.
Lo que resulta discutible es que parlamentarios utilicen sus instrumentos institucionales para intervenir, siquiera indirectamente, en una materia que excede sus competencias naturales, mientras la ciudadanía demanda respuestas en seguridad, salud, crecimiento económico, pensiones, listas de espera y otras urgencias que forman parte del núcleo de la función parlamentaria.
Los cargos públicos no solo confieren facultades. También imponen el deber de ejercerlas dentro del ámbito para el cual fueron otorgadas y siempre en función del interés general.
Porque las prioridades también comunican. Y cuando las instituciones desplazan su foco hacia asuntos que escapan a su misión esencial, la señal que reciben los ciudadanos es nefasta. Y, las encuestas, no siempre se equivocan.
