El Caso Factop registró este miércoles un nuevo avance judicial luego de que el 4° Juzgado de Garantía condenara al empresario Álvaro Jalaff, tras un procedimiento abreviado. En el marco del Caso Factop, el tribunal le impuso una pena de cinco años de libertad vigilada intensiva y el pago de una multa total de $700 millones, luego de que reconociera haber realizado pagos irregulares para facilitar la aprobación de un proyecto inmobiliario.
Lea También: Caso Factop: Álvaro Jalaff rompe el silencio
Según los antecedentes expuestos durante la investigación, Jalaff admitió haber entregado cerca de $410 millones al abogado Luis Hermosilla para gestionar la aprobación del proyecto Parque Capital ante autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Reconoció pagos para destrabar proyecto inmobiliario
La investigación determinó que Jalaff reconoció ante Fiscalía el pago de 10 mil UF a Luis Hermosilla, incluyendo 6 mil UF en efectivo, para destrabar Parque Capital.
El nombre de Álvaro Jalaff apareció vinculado al Caso Factop por su participación en una de las aristas del denominado Caso Audio. Tanto él como su hermano Antonio fueron mencionados en reiteradas oportunidades en la grabación realizada por la abogada Leonarda Villalobos, donde se discutían presuntas facturas ideológicamente falsas y pagos a funcionarios públicos.
Investigación incluyó delitos tributarios y administración desleal
La Fiscalía sostuvo que, entre 2019 y 2021, Jalaff autorizó transferencias por más de $1.054 millones desde Parque Capital hacia Factop, recursos que posteriormente habrían terminado en su patrimonio personal.
Estos antecedentes motivaron una querella presentada por Grupo Patio por presunta administración desleal, además de otra acción judicial del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios asociados al uso de facturas falsas, que habrían provocado un perjuicio fiscal superior a $160 millones.
Defensa valoró el acuerdo alcanzado
El defensor explicó que Jalaff aceptó el acuerdo con Fiscalía, obteniendo una condena de libertad vigilada intensiva en vez de una pena más severa.
Rivera explicó que el tribunal acogió las solicitudes del CDE y SII, fijando multas de $220 millones y $500 millones, respectivamente.
