La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena de tres militares en retiro por su responsabilidad en la quema de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en hechos ocurridos entre los años 2000 y 2001. La información, publicada por CIPER, da cuenta de una arista clave vinculada a la investigación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
El tribunal estableció la responsabilidad del general (R) Eduardo Jara, la mayor (R) Mercedes Rojas y el general (R) Carlos Chacón, este último en calidad de encubridor. Todos fueron condenados por el delito de infidelidad en la custodia de documentos con grave daño a la causa pública.
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DOCUMENTOS CLAVE HABRÍAN SIDO INCINERADOS
De acuerdo con la investigación, los archivos destruidos correspondían al periodo entre 1980 y 1982, años en que el régimen de Augusto Pinochet mantenía vigilancia sobre Frei Montalva. Entre los documentos incinerados se presume que existía una carpeta con antecedentes sobre el seguimiento al exmandatario por parte de la CNI.
El fallo sostiene que la incineración se realizó sin respetar protocolos y en el contexto de las mesas de diálogo sobre derechos humanos, instancia en la que se buscaba esclarecer violaciones ocurridas durante la dictadura.
TESTIMONIOS RESPALDAN EXISTENCIA DE ARCHIVOS
La causa se sustenta, entre otros antecedentes, en declaraciones de exagentes de la CNI que confirmaron la existencia de archivos sobre Frei Montalva. Algunos incluso señalaron haber participado en su elaboración o manejo, lo que refuerza la hipótesis de que la documentación destruida contenía información relevante para esclarecer hechos de la época.
El tribunal también estableció que el general (R) Carlos Chacón recibió información sobre la destrucción de los documentos y no adoptó medidas, por lo que interpretó su conducta como una acción de encubrimiento.
CASO SEGUIRÁ EN LA CORTE SUPREMA
Tras el fallo, tanto las defensas como la parte querellante anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema. Mientras uno de los condenados busca revertir la sentencia, la familia del exmandatario pretende aumentar las penas, argumentando la gravedad del daño causado por la destrucción de antecedentes.
CONTEXTO: PERSECUCIÓN Y VIGILANCIA
Aunque la justicia no acreditó el magnicidio, sí se ha establecido que el expresidente fue objeto de vigilancia, interceptaciones y seguimiento por parte de organismos de inteligencia del régimen militar. En ese contexto, la eventual pérdida de archivos adquiere relevancia para la reconstrucción histórica y judicial de los hechos.
