Una nueva edición de la encuesta Black & White, da cuenta de cómo los chilenos pierden la confianza en economía de Kast y en su capacidad para recuperarla. El «presidente ausente» sigue a la baja y no se perciben cambios sea por falta de voluntad política o por incapacidad de sus dirigentes revertir la crisis del país creada justamente por quienes prometieron que venían a transformarse en los salvadores de la «emergencia».
La percepción ciudadana sobre la economía se deteriora y golpea directamente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Según la última encuesta Black & White, publicada por Emol, el 68% de los consultados declara que su situación económica familiar empeoró durante los últimos seis meses. Más preocupante para La Moneda resulta que el 76% tiene poca o ninguna confianza en que el Ejecutivo consiga mejorar la situación económica del país.
El estudio, difundido este viernes 13 de noviembre, también revela que el 60% cree que la economía chilena estará peor dentro de un año. Los resultados muestran que el malestar ciudadano ya no se limita al encarecimiento de los combustibles. También alcanza las expectativas económicas y la credibilidad de la conducción gubernamental.
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La publicación adquiere especial relevancia política porque forma parte de una alianza de exclusividad entre la consultora Black & White y El Mercurio. A través de Emol, el medio publica, difunde y analiza los resultados de una encuesta que hoy revela un profundo deterioro de la confianza ciudadana en el Gobierno. El antecedente cobra particular significado por la histórica vinculación del diario con sectores conservadores y de derecha.
El 36% identifica el transporte y los combustibles como el gasto que más ha complicado su presupuesto familiar durante los últimos seis meses. Otro 32% menciona la alimentación como su principal dificultad económica. Ambas cifras muestran cómo el costo de bienes y servicios esenciales condiciona la evaluación ciudadana.
«Alimentando»… el descontento
Que el 32% de los encuestados identifique la alimentación como su principal dificultad económica constituye una señal de alerta social. La cifra revela una preocupación que se aproxima al terreno de la inseguridad alimentaria: La incertidumbre sobre la capacidad de satisfacer una necesidad indispensable para subsistir. Cuando a esa inquietud se suma el temor a perder el empleo, el problema deja de limitarse al poder adquisitivo y adquiere una dimensión de vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria que exige respuestas urgentes.
La situación adquiere mayor gravedad cuando se combina con el temor al desempleo y la incertidumbre sobre los ingresos futuros. Para una familia que ya enfrenta dificultades para alimentarse, perder el trabajo puede significar comprometer directamente su subsistencia.
Esta percepción también tiene consecuencias políticas. La incertidumbre sobre necesidades básicas puede generar angustia, frustración y un descontento que trasciende las evaluaciones habituales de la gestión económica. El Gobierno enfrenta así una presión social que no nace de expectativas de mayor consumo, sino del temor a no poder sostener las condiciones esenciales de vida.
El igual costo de vivir y la desigualdad de los alivios
Por su parte, un 84% declara que las alzas han afectado mucho o bastante su evaluación del Gobierno. De ese total, el 66% señala que lo han afectado mucho y el 18% bastante. A su vez, el impacto del alza de los combustibles va mucho más allá de quienes utilizan vehículos particulares. También alcanza a quienes dependen del transporte público y a las familias que enfrentan mayores precios de bienes y servicios. El encarecimiento del transporte y la distribución puede trasladarse al costo de productos esenciales, incluida la alimentación.
Sin embargo, los beneficios de las rebajas anunciadas por el Gobierno no necesariamente alcanzan a todos los afectados. Las reducciones de peajes y otros cobros vinculados al automóvil particular favorecen directamente a quienes utilizan esos servicios. Quienes carecen de vehículo, entre ellos numerosos hogares de menores ingresos, quedan al margen de ese alivio directo.
Esta diferencia plantea una cuestión de equidad que trasciende el debate sobre el precio de los combustibles. Una política puede aliviar el presupuesto de determinados sectores y, al mismo tiempo, dejar sin respuesta a otros que también soportan sus consecuencias económicas. El desafío para las autoridades consiste en evitar que las medidas destinadas a contener el malestar terminen reproduciendo o profundizando las desigualdades existentes.
Las medidas gubernamentales tampoco consiguen convencer a los encuestados. Un 44% las considera una reacción tardía frente al descontento ciudadano, mientras el 43% las estima insuficientes. La evaluación evidencia las dificultades del Ejecutivo para recuperar credibilidad mediante anuncios destinados a contener las alzas.
El pesimismo se proyecta hacia el futuro
La encuesta entrega un antecedente especialmente relevante para evaluar las expectativas económicas. El 52% declara no tener ninguna confianza en que el Gobierno mejore la economía durante los próximos doce meses. Otro 24% manifiesta tener poca confianza, lo que eleva ambas respuestas al 76%.
A esa evaluación se suma que seis de cada diez consultados anticipan un deterioro de la situación económica nacional durante el próximo año. La percepción negativa aumenta entre las mujeres, los segmentos socioeconómicos C3 y DE, y los encuestados más jóvenes. El pesimismo, por tanto, presenta diferencias sociales y generacionales que merecen atención.
Paola Assael, de Black & White, advierte que los resultados reflejan un deterioro que supera el problema puntual de los combustibles. Según explicó a Emol, el descontento económico está afectando las expectativas sobre la gestión gubernamental. Su interpretación apunta a una pérdida de confianza que las medidas anunciadas no han conseguido revertir.
La economía desplaza a la seguridad
El estudio confirma, además, un cambio significativo en las preocupaciones ciudadanas. Un 78% menciona la economía, la inflación, el desempleo y el crecimiento entre los dos principales problemas del país. La inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico aparecen después, con un 51%.
Esta diferencia resulta especialmente relevante para un Gobierno que construyó parte importante de su discurso político alrededor de la seguridad pública. La economía supera actualmente a esa preocupación por 27 puntos porcentuales. Según la encuesta, la distancia entre ambas prioridades ha aumentado durante las últimas semanas.
El cambio también plantea una exigencia política para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el conjunto del Ejecutivo. Las explicaciones macroeconómicas y las expectativas de recuperación enfrentan ahora una ciudadanía que declara dificultades concretas en su presupuesto. La encuesta no mide directamente el éxito de cada política económica, pero sí registra una evaluación profundamente desfavorable de sus resultados percibidos.
Kast cae nuevamente y llega al 18%
La pérdida de confianza económica coincide con un nuevo retroceso de la aprobación presidencial. Black & White sitúa el respaldo a José Antonio Kast en apenas un 18%, dos puntos menos que la semana anterior. El mandatario continúa así su descenso en una medición que ya había registrado una fuerte caída durante las semanas precedentes.
El resultado adquiere mayor dimensión al considerar que la aprobación alcanzaba el 35% apenas dos semanas antes de la medición del 6 de noviembre. Desde entonces, el respaldo presidencial cayó primero al 24%, luego al 20% y finalmente al 18%. La secuencia refleja un deterioro acelerado de la evaluación ciudadana.
La encuesta tampoco ofrece señales favorables al Ejecutivo en materia de seguridad. Solo un 24% aprueba la forma en que enfrenta la delincuencia, porcentaje que permanece sin cambios respecto de la semana anterior. De esta manera, el Gobierno enfrenta simultáneamente una baja aprobación general y evaluaciones desfavorables en dos áreas centrales de su gestión.
Una crisis que supera los combustibles
Los resultados permiten distinguir dos problemas relacionados, pero diferentes. Uno corresponde al deterioro económico que declaran experimentar los hogares durante los últimos seis meses. El otro, políticamente más complejo, consiste en la escasa confianza ciudadana en la capacidad del Gobierno para cambiar esa situación.
La primera dimensión remite al presente y al impacto cotidiano del transporte, los combustibles y la alimentación. La segunda compromete las expectativas futuras y la credibilidad de las autoridades económicas. Esa diferencia ayuda a explicar por qué las medidas correctivas anunciadas por La Moneda no necesariamente se traducen en una recuperación de confianza.
El Gobierno enfrenta así un desafío que no puede resolver únicamente mediante anuncios o promesas de crecimiento. La encuesta registra una ciudadanía que percibe un deterioro de sus condiciones materiales y duda de que la administración pueda revertirlo. El problema político ya no consiste solamente en que los chilenos consideran que están peor, sino en que una amplia mayoría tampoco confía en que el Gobierno consiga mejorar su situación.
