«Este cierre intempestivo provoca un perjuicio directo al derecho a defensa del parlamentario», advirtió el abogado defensor de Miguel Ángel Calisto, César Ramos, luego que la Fiscalía Regional de Aysén presentara una acusación por el delito de fraude al fisco contra ocho imputados, entre ellos el senador.
A este, junto con las otras siete personas, les imputan específicamente los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado.
Por ese motivo el Ministerio Público solicita una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, debido al monto de lo defraudado -que superaría los $100 millones- y la reiteración de delitos.
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Ramos recordó que el Juzgado de Garantía de Coyhaique había fijado una plazo de investigación hasta el próximo 9 de julio.
«El plazo de investigación no sólo se establece para que el Ministerio Público pueda desarrollar las diligencias que parezcan convenientes a su tesis, sino también para que la defensa pueda solicitar diligencias que permitan tanto acreditar su versión de los hechos, como desvirtuar la veracidad y credibilidad de los antecedentes recabados por la Fiscalía», criticó.
DERECHO A DEFENSA
En ese sentido, recalcó que «es imposible hacer esto último si no conocemos todos los antecedentes que forman parte de la investigación. De hecho, recién el día de ayer se nos informó de la existencia de nuevos antecedentes, de los cuales no teníamos copia, cuando la Fiscalía ya había comunicado el cierre de la investigación y presentado acusación».
«Esto, por cierto, afecta gravemente el derecho a defensa de nuestro representado, pues resulta imposible solicitar diligencias para desvirtuar esos antecedentes», continuó la defensa de Calisto.
Respecto de la presentación por parte del Ministerio Público de una solicitud de desafuero contra el senador, el abogado aseveró que «se trata de un requisito que la Constitución y el Código Procesal Penal exigen para poder presentar una acusación en contra de un parlamentario».
«Lo que nos llama la atención, como hemos dicho, es la oportunidad y la forma en que la Fiscalía ha actuado», añadió.
A su juicio, «la tramitación y resolución de un desafuero toma tiempo, y el momento en que deba resolverse dependerá también de lo que se resuelva en relación a las solicitudes que como defensa ya hemos planteado respecto de las diligencias de investigación que aún es necesario realizar antes del cierre de la investigación».
