Las reacciones a los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, de que «nuestra inteligencia nos dice es categóricamente» que hubo una orquestación de disturbos del estallido social de 2019, que «provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda», no se hicieron esperar.
El exembajador en EEUU Juan Gabriel Valdés a través de un posteo en X (exTwitter) recordó que la más importante manifestación en ese país «durante este siglo fue el ataque al Congreso por un grupo de fascistas. Fueron avalados por el presidente Trump para impedir la sucesión”.
Por su parte, el excanciller Heraldo Muñoz acusó «intervención en temas internos» de Judd y dijo en TVN que «me inquieta mucho de un embajador que se aparta de los protocolos diplomáticos». En ese sentido, instó a tener «una actitud más firme o seguirá con sus expresiones que dañan al Gobierno y, de paso, a Chile».
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Desde La Tercera, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que Cancillería «debería hacer una carta de protesta y ojalá solicitar, no sé, si el cambio de embajador. No puede un embajador transformarse en activista».
A su juicio, «es una intervención abierta y grosera, le falta el respeto a la contraparte, al gobierno del presidente Kast».
Además, se preguntó «cuál es la información que tiene este embajador, por qué tiene tanta seguridad para aseverar, a no ser que esté ese mismo movimiento o promovido o creado o infiltrado por la CIA, que tendría que decirlo. Todos los métodos y todas las opciones que hay son negativas».
¿OPERANDO EN SUELO CHILENO?
En ese sentido, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) exigió al Gobierno aclarar si hay organismos de inteligencia de Estados Unidos «operando en suelo chileno, investigando procesos políticos, procesos sociales y delitos cometidos en Chile. ¿Esa información se le está entregando a los gobiernos, se le está entregando al Ministerio Público? ¿Los gobiernos de Chile saben que está la inteligencia americana?”.
También cuestionó si operan con autorización de las autoridades chilenas y acusó al Ejecutivo de mantener una actitud permisiva ante anteriores controversias protagonizadas por Brandon Judd y reaccionar con interés solamente ahora que el embajador relacionó a la izquierda con los hechos de 2019.
“Cuando viene una representante del gobierno de Estados Unidos y ofende a Chile en una cumbre, el gobierno no dice nada», criticó el parlamentario, pero -agregó- «cuando dice que tiene antecedentes secretos, misteriosos, de que la izquierda está detrás de los atentados o de las manifestaciones, entonces, y solo entonces, al gobierno de Chile le llama la atención las cosas que dice este embajador y lo cita a entregar esos antecedentes».
CITACIÓN DE CANCILLERÍA
Se refería a la citación que hizo la cancillería al embajador «con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores», según planteó a través de un comunicado.
«El Gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia», gregó.
Sobre ese punto, el presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que «más allá de solo recibir al embajador para solicitarle estos antecedentes y ponerlos ante la justicia, cosa que me parece bien, el canciller y el Gobierno también deben llamar al orden al embajador».
Eso, «de manera tal que utilice los canales diplomáticos formales y que no esté transformándose en un opinólogo de la interna y en un diplomático farandulero que comenta todo a través de entrevistas, paseándose por los canales de televisión, y no, como corresponde en diplomacia, que es a través de los canales formales», añadió el diputado miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.
FISCAL NACIONAL
El fiscal nacional, Ángel Valencia, seguró que el Ministerio Público no tiene la información planteada en los dichos de Judd y tampoco respaldó la tesis sobre una eventual coordinación de organizaciones de izquierda.
Confirmó que las investigaciones vigentes por los ataques al Metro fueron reunidas en una sola fiscalía y qué se mantienen reservadas.
De todos modos, abrió la puerta a reactivar algunas causas si aparecen nuevos antecedentes.
«BIENVENIDO SEA»
Desde el oficialismo, las reacciones a los dichos de Judd apuntaron a los antecedentes del estallido social.
El subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, aseveró que «Chile merece saber la verdad. Por lo tanto, si hay pruebas, si hay información, por favor, que se entregue a la fiscalía para que se investigue. Los chilenos merecemos saber por qué se organizó, quién estuvo detrás de todo este desorden, de los incendios, de la destrucción que vivió el país en ese tiempo».
«Por lo tanto, el embajador de Estados Unidos no está lejos de la realidad, y si tiene antecedentes si la inteligencia de su país puede cooperar, bienvenido sea», añadió el diputado, según quien «todos los antecedentes dan para afirmar, por cierto, que la izquierda estaba comprometida con ese episodio en que se llamó y en forma romántica se le llama revuelta, pero vimos todos que se pretendió hacer un golpe blando al gobierno del presidente Sebastián Piñera».
Dijo también que si Judd «tiene antecedentes para firmar esas cosas, es porque debe tener las pruebas suficientes, y esperamos que eso pueda ser puesto delante de las autoridades competentes para que se pueda investigar”.
En línea con esa opinión, la diputada Macarena Santelices (Republicanos), aseveró que las declaraciones del embajador de Estados Unidos refierzan la idea de que «el estallido social no fue solamente una expresión espontánea de descontento» y que el Gobierno debe solicitar los antecedentes y, «si tienen relevancia penal, ponerlos a disposición del Ministerio Público».
«RELACIONES AMIGABLES»
En tanto, al diputado Tomás Kast (Evópoli) los dichos de Judd le parecieron «una explicación consistente con la violencia sistemática que vivimos en 2019», de la cual «hasta ahora no contamos con pruebas concretas».
Recalcó que «no basta con declaraciones de prensa ni podemos permanecer en el terreno de la especulación. La ciudadanía exige conocer la verdad, pero esa verdad debe acreditarse institucionalmente ante la justicia».
Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Hans Maroswki (PNL) sostuvo que «todos los embajadores que representan a sus países en esta nación deben o tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos que nos corresponden a nosotros los chilenos y representar a sus países de acuerdo a los mandatos de su respectivo presidente».
Enfatizó que el embajador «debería preocuparse más por tener relaciones amigables y recuperar, qué sé yo, las relaciones económicas con este país, en vez de estar inmiscuyéndose en cosas que nos corresponden solo a nosotros como chilenos».
