La diputada Lorena Fries solicitó a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la legalidad de las modificaciones realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos a un fondo concursable destinado a proyectos de cultura y sitios de memoria. La acción fue presentada mediante un oficio dirigido a la contralora Dorothy Pérez.
La parlamentaria explicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos convocó el concurso mediante la Resolución Exenta N°14 de enero de 2026, destinando un presupuesto total de $148 millones dividido entre las líneas “Cultura” y “Sitios de Memoria”. Además, las bases permitían el traspaso de recursos entre ambas líneas mediante una cláusula de “Movilidad de Fondos”.
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Fries sostuvo públicamente que “cambian reglas al final del proceso y dejan sin financiamiento a toda iniciativa de cultura”, cuestionando la decisión de eliminar completamente esa línea de financiamiento.
RESOLUCIÓN ELIMINÓ LÍNEA “CULTURA”
De acuerdo con el oficio ingresado ante Contraloría, el proceso de evaluación ya había concluido el 6 de mayo de 2026, luego de que el jurado sesionara en tres oportunidades y asignara puntajes finales a los proyectos postulantes.
Sin embargo, cinco días después, la Subsecretaría de Derechos Humanos dictó la Resolución Exenta N°173, que eliminó íntegramente la línea “Cultura”, reasignando los $148 millones exclusivamente a “Sitios de Memoria”. Además, la resolución suprimió la cláusula de movilidad de fondos y modificó nuevamente el cronograma del concurso.
La diputada cuestionó que las modificaciones se realizaran una vez concluida la evaluación técnica y después de vencido el plazo original para publicar los proyectos seleccionados.
OFICIO PIDE REVISAR LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
En el documento remitido al órgano contralor, Fries planteó seis consultas jurídicas relacionadas con la legalidad del procedimiento administrativo. Entre ellas, pidió aclarar si la resolución constituye una revocación improcedente de un acto administrativo cuyos efectos ya se habían desplegado sobre terceros.
También pidió a Contraloría revisar posibles vulneraciones a los principios de celeridad, igualdad, imparcialidad y contradictoriedad, asegurando que la Subsecretaría eliminó la línea de financiamiento sin escuchar previamente a los postulantes afectados.
La parlamentaria pidió además que la Contraloría determine si los fundamentos invocados por la Subsecretaría, entre ellos ajustes presupuestarios y prioridades institucionales, justifican modificar las bases de un concurso ya evaluado.
