En medio de la controversia generada por la reducción presupuestaria al Ministerio Público, el Gobierno retrocedió este martes y comprometió la reposición de los recursos necesarios.
La decisión se tomó luego de una reunión entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la que ambas partes definieron un plan para ajustar los recortes mediante la flexibilidad presupuestaria.
Lea también: Exigen a Boric revertir recorte al presupuesto del Ministerio Público
En ese sentido, Marcel explicó que el ajuste presupuestario aplicado inicialmente respondía a criterios generales y transversales definidos por la Ley de Presupuesto 2025, afectando a todas las instituciones públicas sin distinción.
Sin embargo, señaló que existen mecanismos para redistribuir los recursos según las necesidades específicas de cada organismo.
DETALLES DEL ACUERDO
“El presupuesto se ejecuta con normas de flexibilidad, lo que permite adecuarlo a las necesidades de las instituciones dentro de los marcos presupuestarios del país. Vamos a usar esta facultad para garantizar que el Ministerio Público tenga la continuidad operacional necesaria”, afirmó el titular de Hacienda.
El ministro también subrayó que el ajuste no se dirigía específicamente al Ministerio Público, pero que era fundamental asegurar su funcionamiento dado su rol crucial en la administración de justicia.
DECLARACIONES DEL FISCAL NACIONAL
Ángel Valencia celebró el compromiso alcanzado y destacó la disposición del Ejecutivo para resolver la situación. “Nos vamos conformes, optimistas. Vamos a contar con los recursos necesarios para funcionar. Este acuerdo nos asegura la capacidad de cumplir nuestra importante labor para todos los chilenos”, señaló el fiscal nacional tras la reunión.
Valencia también agradeció que el Gobierno haya reconocido los efectos del recorte presupuestario y haya trabajado en conjunto con el Ministerio Público para encontrar una solución técnica y viable.
LAS CRÍTICAS AL RECORTE
El recorte inicial al Ministerio Público había generado críticas transversales desde diversos sectores políticos, que advertían sobre los riesgos que implicaba para la eficacia del sistema judicial.
La reunión de este martes y el compromiso de Hacienda representan un giro que busca desactivar las tensiones y garantizar la operatividad del organismo.
Con este acuerdo, el Gobierno reafirma su compromiso con la administración de justicia, mientras el Ministerio Público podrá continuar su labor en la persecución penal sin mayores interrupciones.
Sin embargo, queda pendiente el desafío de mantener el equilibrio entre los ajustes fiscales generales y las necesidades específicas de las instituciones clave para el país.
