La reforma constitucional de seguridad que prepara el Gobierno de José Antonio Kast comenzó a enfrentar obstáculos antes de ingresar al Congreso. La difusión de un borrador abrió diferencias dentro del gabinete y provocó un áspero debate entre parlamentarios oficialistas sobre la necesidad, el alcance y las consecuencias de modificar la Carta Fundamental.
El documento forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Aunque La Moneda insiste en que el contenido todavía está en revisión, algunas de sus disposiciones generaron reparos entre legisladores de Chile Vamos e independientes, mientras el Partido Republicano defendió la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado.
RESTRICCIÓN DE DERECHOS DIVIDE AL GABINETE
El punto más controvertido permitiría establecer penas y medidas especiales para personas condenadas por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
El borrador plantea que esos condenados queden impedidos de acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social. La restricción operaría durante el cumplimiento de la condena y se extendería por 15 años después de recuperar la libertad.
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La ministra de Salud, May Chomali, advirtió que una medida de ese tipo podría entrar en conflicto con normas vigentes, entre ellas la Ley de Urgencia. Sus declaraciones provocaron la respuesta del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien sostuvo que su colega no conocía las distintas versiones del proyecto.
Arrau aseguró posteriormente que conversó con Chomali y explicó que el documento difundido correspondía a una versión antigua. El episodio, sin embargo, evidenció la falta de una posición común dentro del Ejecutivo sobre una de sus principales iniciativas legislativas.
WALKER Y SQUELLA ELEVAN EL TONO
Las diferencias también se trasladaron al oficialismo. El senador Matías Walker, independiente de la bancada de Evópoli y uno de los votos que el Gobierno necesita para aprobar reformas constitucionales, calificó como “demencial” parte de la propuesta.
Walker afirmó que el combate contra el crimen organizado no requiere necesariamente una modificación de la Constitución. Como ejemplo, mencionó los resultados de la operación Cancerbero, que permitió perseguir y aislar a integrantes de organizaciones criminales mediante las herramientas legales disponibles.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió que algunos sectores intentarían frenar los cambios necesarios para enfrentar al crimen organizado. “No es tiempo para los buenismos”, sostuvo.
Diputados republicanos también defendieron la reforma. Stephanie Jéldrez argumentó que el nivel de organización alcanzado por las bandas criminales exige un marco constitucional más robusto. Luis Fernando Sánchez, en tanto, recordó que Chile ha aprobado decenas de reformas a la Carta Fundamental desde 1989 y descartó que la iniciativa represente un nuevo proceso constituyente.
Walker insistió en que cualquier ampliación de las facultades estatales debe analizarse considerando quién podría ejercerlas en el futuro. Según el senador, el riesgo aumenta cuando el crimen organizado logra infiltrar o controlar instituciones públicas.
CHILE VAMOS PIDE UNA REFORMA ACOTADA
Las críticas no se limitaron a Walker. Parlamentarios como Andrés Longton, Javier Macaya y Guillermo Ramírez plantearon la necesidad de corregir el borrador y concentrar la reforma en materias estrictamente vinculadas con la seguridad.
Longton advirtió que el Ejecutivo necesita convencer primero a sus propios aliados y realizar un trabajo prelegislativo capaz de construir las mayorías necesarias. Una reforma mal diseñada, sostuvo, podría alterar el sistema constitucional y entregar argumentos a quienes rechazan cualquier cambio.
El senador Miguel Ángel Calisto valoró la posibilidad de mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías, pero cuestionó la eliminación de beneficios sociales. A su juicio, aplicar una sanción adicional a una persona que ya cumplió una condena no evita la reincidencia y podría producir el efecto contrario.
El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, llamó a moderar el debate y esperar la propuesta definitiva. Aunque consideró excesivo el lenguaje utilizado por Walker, reconoció que el Gobierno todavía puede incorporar observaciones antes de presentar el proyecto.
La controversia dejó a La Moneda con una tarea política inmediata: unificar la postura del gabinete, precisar el alcance de las restricciones y asegurar el respaldo de su propia coalición. Sin ese ordenamiento previo, la reforma podría llegar al Congreso debilitada por las mismas divisiones que busca superar.
