Un grupo transversal de parlamentarios presentó un proyecto de reforma constitucional que busca aumentar los requisitos para presentar Acusaciones Constitucionales (AC) en la Cámara de Diputados y así regular y elevar los estándares.
Su principal objetivo es terminar con el uso político de esta herramienta, garantizar la gobernabilidad de Chile —independiente del color político del gobierno de turno— y devolver el foco del Congreso hacia las verdaderas prioridades ciudadanas.
La iniciativa pertenece al diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, junto con el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke y la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, y es apoyada por los diputados Luis Pardo (RN), Claudia Mora (RN), Gael Yeomans (FA) y el senador Diego Ibáñez (FA).
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Explicaron que surge como una respuesta urgente ante el desgaste institucional y la constante parálisis que sufren los gobiernos debido al importante número de acusaciones constitucionales que se ha normalizado en los últimos tres períodos presidenciales.
«La inmensa mayoría de los chilenos no ve las acusaciones constitucionales como un control serio, sino como una pérdida de tiempo y una pelea entre políticos mientras la delincuencia avanza, la economía sigue estancada y las listas de espera en salud siguen creciendo», expusieron.
«Llevamos pocos meses de periodo legislativo y ya se instaló la lógica de la acusación permanente. Queremos dar un punto de inflexión para entregar gobernabilidad y estabilidad al país. Esto no se trata de proteger a ninguna autoridad ni de dar impunidad, se trata de exigir seriedad y rigor», enfatizaron.
LOS CUATRO CAMBIOS
La propuesta modifica el Artículo 52 de la Constitución Política para fortalecer el carácter excepcional de las acusaciones constitucionales, aumentar sus requisitos y desincentivar su utilización como una herramienta de confrontación política a través de cuatro medidas concretas.
-Duplicación de firmas exigidas: El proyecto eleva el requisito mínimo de patrocinio de una AC a no menos de 20 miembros de la Cámara para iniciar cualquier libelo.
-La reforma establece que para declarar que ha lugar cualquier acusación constitucional se requerirá obligatoriamente el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio, evitando que prospere sobre la base de mayorías circunstanciales.
-En el caso específico de las acusaciones contra ministros de Estado, la reforma introduce como requisito previo obligatorio que se haya ejercido primero la facultad de citar a responder preguntas ante la Cámara, mediante una interpelación. La idea es agotar previamente las instancias de control político y rendición de cuentas antes de recurrir a una medida extrema como la destitución.
-Se modifica la redacción de la causal aplicable a los Secretarios de Estado, exigiendo que la infracción a la Constitución o a las leyes sea realizada de manera «abierta», es decir, manifiesta, evidente y comprobable, elevando el estándar jurídico vigente y evitando acusaciones fundadas únicamente en diferencias de criterio político.
Vea aquí el proyecto de ley.
«TERCERA TEMPORADA»
Los legisladores enfatizaron que la iniciativa no busca restringir las facultades fiscalizadoras del Congreso Nacional, sino fortalecer su legitimidad, para que una herramienta tan relevante como la acusación constitucional sea utilizada con fundamentos sólidos y amplios respaldos políticos.
“No podemos continuar con una tercera temporada de acusaciones constitucionales, donde se banaliza esta herramienta constitucional y empieza a formar parte de la guerrilla política de la polarización”, recalcó el diputado Schalper.
«Nosotros creemos que esto tiene que cambiar», agregó.
La idea es fortalecer la AC, exigir mayores requisitos.
Para el diputado, “nuestra convicción es que con esto marcamos un punto de inflexión y vamos contribuyendo a la certeza, vamos contribuyendo a la seguridad jurídica de Chile. Muy importante, vamos a contribuir a que Chile recupere la senda de credibilidad en la política y de credibilidad institucional que tiene que tener”.
