Tras su larga formalización, que duró cinco días, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva. Así lo dio a conocer el juez Daniel Urrutia, titular del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que este mediodía leyó el fallo.
El magistrado dio por acreditados los hechos planteados por la Fiscalía.
En sus propias palabras, la gravedad y carácter de los hechos atribuidos al imputado, «atendido, además, la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presido mayor en su grado mínimo, esto es más de 5 años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva».
Lea también: Cómo será la formalización de Verónica Sabaj y Luis Hermosilla
Al exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se le imputa fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos (boletas ideológicamente falsas), por hechos ocurridos entre 2015 y 2024.
La cautelar de prisión preventiva efectiva para Joaquín Lavín había sido solicitada por la fiscal regional Oriente, Lorena Parra -para quien la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad y por el éxito en las diligencias de las investigación-, y también por la municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su calidad de querellantes.
Se fijaron 90 días para la investigación.
La defensa del exparlamentario solicitó al magistrado que este cumpla la cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Gendarmería determinará el lugar.
La misma cautelar fue dictada para Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, a quien también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario.
🔴 EN VIVO: 7° J. de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León y el ex asesor Arnaldo Domínguez Vallejos, imputados como autores de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. pic.twitter.com/nq7AVclWdv
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 8, 2026
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
Durante la formalización la Fiscalía presentó correos electrónicos donde Lavín impartió instrucciones directas para desvincular masivamente a funcionarios de la municipalidad de Maipú, onde su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa en ese entonces.
Entre ellos estuvo una planilla con 235 nombres y las indicaciones: “azul, igual sacar. Verde, igual sacar”. En otro planteó que “estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados”.
Al menos 497 personas a partir de esos listados, de acuerdo con la Brigada Anticorrupción de la PDI.
Según la exposición de la fiscal Lorena Parra, Lavín también influyó en contrataciones y enroques a través de su exasesor legislativo Carlos Fairlie, que formalmente pertenecía al municipio, pero “materialmente estaba subordinado siempre a los requerimientos del diputado”.
En otra arista del mismo caso, la persecutora expuso que entre 2015 y 2022 Lavín rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios sin que mediaran servicios reales, en conjunto con su asesor Arnaldo Domínguez. El perjuicio fiscal en ese caso ascendería a $104 millones a nombre de la imprenta MMG y la empresa Modo 74 SPA.
Esas empresas son de propiedad de Juan Silva y Felipe Vásquez, respectivamente, quienes también fueron imputados por los delitos.
📹El momento en que el exdiputado Joaquín Lavín León salió esposado del tribunal tras dictarse su prisión preventiva (Video: Fernanda Ávila, periodista de @Cooperativa) https://t.co/tRGMckdfjT pic.twitter.com/eH74I1hcye
— Cooperativa (@Cooperativa) May 8, 2026
LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ
Uno de los puntos de la resolución del juez Urrutia apunta a la creación de la plataforma Social Task. Según el magistrado, Lavín León no era un «usuario» externo, sino el verdadero dueño y gestor del proyecto, utilizando al Congreso Nacional como su principal fuente de inversión.
De hecho, dijo, fue el «impulsor, financista y controlador» del proyecto, e incluso ideó el método para que el Estado pagara por su desarrollo.
En ese sentido, se detectó la contratación de un tercero (Vásquez Diéguez) con cargo al erario nacional por $17 millones para trabajar en esta plataforma privada.
Ahí el exdiputado actuó como «vendedor» del software, ofreciéndolo a otros parlamentarios y actores políticos.
Por otra parte, el tribunal detalló cómo Lavín León desvió fondos públicos de manera sostenida bajo la glosa de «gastos operacionales» a través de la empresa Modo 74, por servicios que el juez calificó como «ajenos a la función parlamentaria».
En total, concentró el 56% de la facturación histórica de Modo 74, lo que equivale a unos $106 millones de pesos de origen público invertidos en su propio proyecto.
La resolución judicial además viculó estos fondos con el entorno cercano del imputado.
Según el juez, «se suma que el 44% restante corresponde mayoritariamente a facturación dirigida a otros militantes de la UDI… incluyendo a su cónyuge (Cathy Barriga) por $10 millones y su padre (Joaquín Lavín) por $3 millones, quienes rindieron dichas facturas ante el Servel».
El magistrado también validó la acusación de fraude al fisco mediante el proveedor MMG, con facturas rendidas ante el Congreso por trabajos que nunca se realizaron.
