El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente en el caso ProCultura y remitió a Santiago los antecedentes de la investigación por delitos de apropiación indebida que indaga el Ministerio Público.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 11.082-2023), la magistrada María José Saavedra Cárdenas acogió la incidencia presentada por las defensas de los imputados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz y ordenó la remisión de antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de la capital, pues estimó que corresponde a ese tribunal el conocimiento del proceso.
Al resolver la competencia, la magistrada citó el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, según el cual «el tribunal competente es aquel donde se dio principio de ejecución al delito».
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«En el caso de la distracción de fondos, este principio se ubica en el momento del desvío de los recursos de manera incompatible con el fin acordado, no en la mera omisión de restituirlos. Los hechos de la formalización muestran que los desvíos ocurrieron mediante gestiones bancarias en cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes», agregó.
«Ni la suscripción lícita de convenios ni la recepción de fondos constituyen el principio de ejecución del delito. La ejecución se vincula al acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario, el cual ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana», sostuvo la magistrada.
CUATRO RESOLUCIONES
En consecuencia, se resolvió que «se acoge el incidente de incompetencia territorial por vía de declinatoria».
Además, «se declara la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para seguir conociendo la investigación RIT 11.082-2023».
Asimismo, dictaminó que los antecedentes sobre ProCultura se remitan en forma inmediata «al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por ser el tribunal competente donde se inició la ejecución de los ilícitos».
Agregó que «en caso de que dicho tribunal no acepte la competencia, se tendrá por trabada la contienda ante la Corte de Apelaciones respectiva».
Recordemos que al director ejecutivo de la fundación (Alberto Larraín) y a su representante legal (Constanza Gómez) se les indaga por seis delitos consumados de apropiación indebida vinculados a recursos transferidos mediante distintos convenios firmados con organismos públicos.
Entre ellos figura el convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, suscrito con el gobierno regional de Antofagasta, por un monto cercano a los $629 millones. A ello se suman otros cinco convenios firmados entre la fundación y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que en conjunto superan los $500 millones.
Los delitos que se imputan son apropiación indebida y fraude al fisco.
