El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes un proyecto de reforma constitucional para endurecer las normas sobre drogas en las autoridades públicas. La iniciativa propone que el consumo de drogas o sustancias sicotrópicas ilícitas sea una causal para perder el cargo.
La propuesta fue presentada pocos días después de la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó su cargo tras obtener un resultado positivo en un test de drogas. Su contramuestra aún permanece pendiente y el Ejecutivo no descarta su eventual reincorporación si el resultado es negativo.
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Durante la ceremonia en La Moneda, Kast explicó que el objetivo del proyecto es unificar la normativa vigente, argumentando que actualmente existen distintas leyes que regulan esta materia de forma dispersa y con criterios diferentes.
El Mandatario sostuvo que la ciudadanía exige mayores estándares de transparencia y probidad, especialmente frente al avance del narcotráfico y del crimen organizado, por lo que consideró necesario fortalecer las exigencias para quienes ejercen funciones públicas.
Asimismo, afirmó que el país debe actuar con firmeza para evitar que estos fenómenos afecten las instituciones democráticas, advirtiendo que otras naciones enfrentaron consecuencias por no adoptar medidas preventivas a tiempo.
Como señal de transparencia, Kast mostró públicamente los exámenes de drogas que se ha realizado antes y durante su mandato, indicando que ambos resultados serán de conocimiento público.
El Presidente también señaló que continuará sometiéndose periódicamente a controles, al igual que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y otras autoridades, mientras la actual normativa presupuestaria siga vigente.
La reforma establece que los resultados de los exámenes serán públicos y que un resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas constituirá causal de cesación en el cargo, conforme a los procedimientos que determine la legislación.
La iniciativa alcanzará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales, ampliando las exigencias de control para un amplio grupo de autoridades del Estado.
