Michelle Bachelet acaba de pronunciar una frase que merece atención: «No es momento de hablar de candidaturas, sino de lo mal que lo está pasando la gente». Lo dijo después de reunir en su fundación Horizonte Ciudadano a dirigentes de la oposición y al expresidente Gabriel Boric, en un encuentro que inevitablemente abrió interrogantes sobre el futuro político de la centroizquierda.
La expresidenta advirtió que la economía crece poco, la inflación continúa elevada, los alimentos se encarecen y los salarios no aumentan al mismo ritmo. Su diagnóstico puso las dificultades cotidianas de la ciudadanía en el centro de una conversación que también tiene evidentes implicancias políticas.
Bachelet había dejado abierta, una semana antes, la posibilidad de una tercera candidatura presidencial. Ahora asegura que ni ella ni Boric están en campaña. Sin embargo, la sola aparición de esa discusión, cuando José Antonio Kast apenas completa siete meses en La Moneda, invita a examinar un fenómeno político que habitualmente se presenta mucho más tarde.
El pato cojo ya no espera el final
Tradicionalmente, el síndrome del pato cojo, expresión derivada del estadounidense lame duck, describe al gobernante cuya influencia disminuye al aproximarse el término de su mandato. En su acepción más estricta, alude al mandatario saliente que ya tiene un sucesor elegido.
Pero el concepto admite una interpretación política más amplia. También puede describir el debilitamiento anticipado de un presidente que comienza a perder capacidad de conducción cuando todavía dispone de la mayor parte de su período constitucional.
La autoridad presidencial no depende únicamente de las facultades que establece la Constitución. También requiere capacidad para ordenar al gabinete, conducir a los partidos que sostienen al Ejecutivo y transformar sus anuncios en decisiones efectivas.
Un presidente puede perder popularidad sin perder poder. La situación adquiere otra dimensión cuando aparecen dificultades simultáneas para conducir a sus ministros, conseguir respaldo parlamentario y mantener la iniciativa política.
Eligieron a Kast: ¿gobierna Quiroz?
La pregunta sobre quién ejerce realmente la conducción del gobierno no es nueva. Ya en marzo, apenas iniciado el mandato, La Tercera describía a Jorge Quiroz como «el mariscal de Kast», destacando su poder dentro del gabinete y la ausencia de contrapesos políticos a sus decisiones. Según esa investigación, Quiroz no solo dirigía la política económica. También había asumido la coordinación de reuniones bilaterales con ministros sectoriales, encuentros que tradicionalmente encabezaban los propios presidentes de la República. Su influencia alcanzaba las negociaciones parlamentarias y las principales decisiones presupuestarias.
En agosto, el analista Germán Silva Cuadra profundizó esa discusión en una columna publicada por El Mostrador, titulada «Kast y Quiroz: ¿Quién manda a quién?». Su análisis surgió después de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconociera que desconocía un requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, impulsado desde Hacienda.
El propio Kast debió asumir la responsabilidad por aquella descoordinación. «Si yo firmo al final, yo dirijo», declaró, intentando reafirmar una autoridad que el episodio había puesto públicamente en discusión. La controversia llegó también al debate político. Jaime Coloma sostuvo que «Jorge Quiroz es el verdadero presidente de Chile. Hace lo que quiere y hasta toma el rol de vocero». Una afirmación que, más allá de su carácter crítico, refleja los cuestionamientos sobre la distribución efectiva del poder dentro del Ejecutivo.
Las discrepancias ministeriales posteriores agregaron nuevos antecedentes. Iván Poduje recordó públicamente que su único jefe era el Presidente Kast y que Quiroz era «un ministro más». Tomás Rau se distanció de la meta de desempleo anunciada por Hacienda, aclarando que él había sido bastante más cauto.
A pesar de la instrucción de «ordenarse»
Las discrepancias alcanzaron tal magnitud que el 15 de septiembre los presidentes de los partidos oficialistas plantearon directamente a Kast su preocupación por el desorden ministerial. «La coordinación no puede ser solo con los partidos, debe partir en el gobierno», le advirtieron durante una reunión en La Moneda.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó entonces que había conversado con los secretarios de Estado involucrados y garantizó que las descoordinaciones «no deberían repetirse de nuevo«. No se trató, por tanto, de diferencias inadvertidas por el Ejecutivo: el problema había sido reconocido y abordado expresamente por su conducción política.
Sin embargo, menos de un mes después, el 14 de octubre, dos nuevos ministros contradijeron públicamente a Quiroz en menos de una hora. Daniel Mas rechazó su diagnóstico de una «gran recesión minera», mientras Ximena Rincón cuestionó sus afirmaciones sobre el supuesto abandono del consumo de parafina durante la primavera.
La acumulación de episodios plantea una interrogante que trasciende las diferencias técnicas. Quiroz dispone de una influencia extraordinaria en las decisiones gubernamentales, pero esa preponderancia no parece traducirse siempre en una conducción compartida por el gabinete.
El Presidente conserva formalmente la última palabra. Incluso ha defendido expresamente su responsabilidad sobre las decisiones adoptadas. Sin embargo, las controversias obligan a examinar cuánto de la agenda gubernamental responde a una conducción presidencial integral y cuánto a las prioridades impulsadas desde Hacienda.
Porque tener poder para imponer decisiones no equivale necesariamente a disponer de la autoridad política para conseguir que los demás las acompañen.
Una agenda legislativa que pierde impulso
La segunda señal aparece en el Congreso. Kast llegó a La Moneda prometiendo un gobierno de emergencia, con la seguridad como una de sus prioridades fundamentales. Sin embargo, una de sus iniciativas constitucionales más emblemáticas, seguridad, terminó retirada ante las dificultades para conseguir respaldo político suficiente.
La reforma buscaba establecer un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Su diseño provocó cuestionamientos que trascendieron a la oposición y alcanzaron a parlamentarios oficialistas. Finalmente, el Ejecutivo debió abrir paso a una propuesta alternativa surgida desde el Senado. El gobierno presentó el cambio como una búsqueda de acuerdos, pero el hecho político permanece: la iniciativa presidencial original no consiguió reunir el respaldo necesario.
Otro episodio ocurrió con la reforma destinada a ampliar las facultades de detención de migrantes en situación irregular. La propuesta obtuvo 88 votos favorables cuando necesitaba 89. Las abstenciones del Partido de la Gente contribuyeron a impedir su aprobación.
Una derrota legislativa no convierte a un presidente en pato cojo. La negociación y las rectificaciones forman parte de cualquier democracia. Pero cuando los anuncios presidenciales deben modificarse o abandonarse, corresponde examinar la capacidad del Ejecutivo para construir las mayorías que necesita.
Y cuando las dificultades provienen también de quienes deberían sostenerlo, el problema deja de limitarse a la relación entre gobierno y oposición.
Los sucesores aparecen antes de tiempo
La tercera señal es particularmente significativa. Mientras Kast todavía transita por su primer año, comienzan a circular nombres para la elección presidencial de 2029. No se trata únicamente de Michelle Bachelet. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, tampoco descartó una eventual candidatura. Consultada sobre esa posibilidad, respondió que «la mejor campaña es la pega bien hecha». Y agregó algo que no dejó dudas: “No lo descarto” y “no le cierro la puerta”.
Su declaración adquiere relevancia porque proviene de una figura importante de un partido del mismo sector político que sostiene al gobierno, aunque distinto del Partido Republicano del Presidente.
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La anticipación electoral no se limita a las figuras de los partidos tradicionales que supuestamente apoyan a Kast. A fines de julio, apenas cuatro meses después de iniciado el mandato de Kast, la diputada Pamela Jiles, del Partido de la Gente, declaró a La Tercera: «Yo espero, y para eso estamos trabajando, que Parisi sea presidente en 2030». Incluso manifestó su aspiración de convertirse en ministra del Interior de un eventual gobierno encabezado por el economista.
La declaración revela algo más que una aspiración personal. El PDG, cuyos votos pueden resultar decisivos para aprobar iniciativas del Ejecutivo, reconoce que trabaja desde el primer año de Kast en un proyecto presidencial propio. Así, mientras el gobierno necesita negociar con esa colectividad para sacar adelante su agenda, uno de sus principales liderazgos parlamentarios ya promueve abiertamente a quien pretende sucederlo.
«Yo creo que sí»
La expresidenta Michelle Bachelet tampoco ha cerrado la puerta a un eventual regreso a La Moneda. Consultada sobre la posibilidad de una tercera candidatura presidencial, respondió escuetamente: «Yo creo que sí». Una frase breve, pero suficiente para instalar nuevamente su nombre en la discusión sucesoria cuando Kast apenas completa siete meses de gobierno.
Días después, Bachelet reunió a dirigentes opositores y al expresidente Gabriel Boric en Horizonte Ciudadano. Allí sostuvo que «no es momento de hablar de candidaturas, sino de lo mal que lo está pasando la gente». Ambas declaraciones no son necesariamente contradictorias: una deja abierta una posibilidad futura y la otra plantea cuáles deberían ser las prioridades políticas del presente.
La situación de Bachelet presenta una particularidad adicional. Mientras rechaza anticipar la carrera presidencial, reúne a los principales partidos opositores y participa en la construcción de una agenda política común. No es lo mismo preparar una candidatura que articular una alternativa de gobierno. Tampoco es ilegítimo que la oposición lo haga. Pero resulta significativo que esa conversación adquiera protagonismo cuando al actual Presidente todavía le resta la mayor parte de su mandato.
La aparición de posibles sucesores no demuestra, por sí sola, que Kast haya perdido autoridad. Sin embargo, combinada con las discrepancias ministeriales y los tropiezos legislativos, permite plantear la hipótesis de un debilitamiento político anticipado.
El voto prestado no garantiza gobernabilidad
Hay un elemento adicional que ayuda a comprender esta situación. Kast obtuvo una amplia mayoría en segunda vuelta, pero ese resultado no significa que todos sus electores compartieran su proyecto político. Una elección presidencial de segunda vuelta reúne adhesiones propias, votos prestados y ciudadanos que prefieren impedir el triunfo de la alternativa. Confundir esa mayoría electoral con una adhesión ideológica permanente puede condicionar seriamente el ejercicio del poder.
El Presidente parece enfrentar precisamente esa dificultad. Su triunfo le entregó legitimidad democrática para gobernar durante cuatro años, pero no le garantizó una mayoría parlamentaria disciplinada ni una ciudadanía dispuesta a respaldar todas sus decisiones.
El voto prestado permite ganar una elección, pero no necesariamente construir una mayoría política estable. Y esa diferencia comienza a hacerse visible cuando los aliados parlamentarios cuestionan iniciativas, los ministros discrepan públicamente y los partidos miran hacia el siguiente ciclo electoral.
Ganar una elección otorga el derecho a gobernar. Construir la capacidad política para hacerlo exige acuerdos, conducción y resultados. Cuando eso no se hace, se está renunciando a gobernar.
Cuando al presidente todavía le sobra tiempo
Pero ignorar los síntomas que aparecen cuando un gobierno enfrenta dificultades para mantener una conducción común, pierde iniciativas legislativas y comienza a convivir prematuramente con la discusión sobre su sucesión.
La paradoja es evidente. Kast llegó a La Moneda prometiendo restaurar el orden, ejercer autoridad y recuperar el control del Estado. Siete meses después, las discrepancias públicas de su gabinete y las dificultades parlamentarias plantean interrogantes sobre la eficacia de esa conducción.
El síndrome del pato cojo anticipado no describe necesariamente a un presidente sin poder. Describe el riesgo de que su autoridad política comience a deteriorarse mucho antes de que concluya su mandato.
El pato cojo tradicional pierde poder porque se le acaba el tiempo. El anticipado comienza a perderlo cuando todavía le sobra, pero no sabe o no puede ejercerlo.
