Política

La calle se prepara para interpelar a Kast

Mario López M.

Crédito Colegio de Profesores
Mientras organizaciones sociales anuncian una seguidilla de marchas, Kast parece confiar en la tranquilidad de un año sin elecciones. Pero las demandas que alimentaron el estallido de 2019 siguen presentes y el descontento ciudadano no necesita urnas para expresarse: tiene en la protesta pacífica una forma legítima de manifestarse.

La calle se prepara y comienza a recuperar protagonismo en el movimiento social y la oposición al gobierno. Organizaciones estudiantiles, sindicales, feministas y de pobladores anunciaron una seguidilla de movilizaciones que comenzará este martes 24 de noviembre. Las protestas que buscan interpelar a Kast coincidirán con la discusión del Presupuesto 2027 y se extenderán hasta la primera semana de diciembre.

El anuncio introduce una nueva variable en un escenario marcado por controversias ministeriales, dificultades económicas, recortes y cuestionamientos a las prioridades del Ejecutivo. Hasta ahora, las manifestaciones no han alcanzado una magnitud comparable con la intensidad de los conflictos políticos y sociales acumulados. La coincidencia de distintas convocatorias podría modificar ese escenario, aunque todavía está por verse su capacidad real de convocatoria.

También aparece una segunda preocupación. La última marcha estudiantil provocó importantes alteraciones en el tránsito y el funcionamiento del Metro de Santiago. Las autoridades deberán demostrar que pueden proteger el derecho a manifestarse sin convertir cada protesta en un problema adicional para miles de ciudadanos.

El malestar comienza a organizarse

El calendario comenzará el martes 24 de noviembre con un paro y una marcha nacional en defensa de la educación pública. El Colegio de Profesoras y Profesores convocó a concentrarse a las 10:30 horas en Plaza Baquedano y avanzar por la Alameda hasta Los Héroes. La CUT, la Confech y la ACES también anunciaron su participación.

El presidente del magisterio, Mario Aguilar, vinculó la convocatoria con los recursos destinados a la educación pública en el Presupuesto 2027. Entre sus preocupaciones figuran los despidos de docentes y asistentes, el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública y los recortes presupuestarios. La movilización también contempla actividades en regiones.

El miércoles 25 marchará la Coordinadora Feminista 8M, mientras el viernes 27 lo harán organizaciones de pobladores frente al Ministerio de Vivienda. Estas últimas exigirán la salida del ministro Iván Poduje por los recortes de cupos del subsidio habitacional DS49. El sábado 28 será el turno de la Coordinadora NO+AFP, con una convocatoria desde Plaza Italia.

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El antecedente de los treinta pesos

La sucesión de protestas obliga a recordar una lección de octubre de 2019. El alza de treinta pesos en la tarifa del Metro fue el detonante de un estallido social cuyas causas excedían ampliamente el costo del transporte. Pensiones, desigualdad, endeudamiento y desconfianza institucional formaban parte de un malestar acumulado durante años.

Siete años después, sería aventurado sostener que todas esas demandas fueron satisfechas. Por el contrario. Las dificultades del sistema previsional, el acceso a la vivienda y las tensiones por el financiamiento de servicios públicos siguen presentes en el debate nacional. Precisamente esas materias aparecen ahora entre las razones invocadas por las organizaciones convocantes.

La respuesta policial también estará bajo examen

La marcha estudiantil del pasado 5 de noviembre dejó un antecedente que las autoridades no deberían pasar por alto. Durante esa jornada se aplicaron numerosos desvíos en el centro de Santiago y se restringió el acceso a varias estaciones del Metro. República incluso suspendió temporalmente su funcionamiento debido a disturbios en el exterior.

Los incidentes incluyeron enfrentamientos con Carabineros y lanzamiento de objetos contundentes y artefactos incendiarios. Esos hechos justifican la adopción de medidas de protección proporcionadas a los riesgos existentes. Sin embargo, también corresponde evaluar el alcance de los cierres y sus consecuencias sobre quienes necesitaban desplazarse por la capital.

Una planificación deficiente puede terminar enfrentando artificialmente a manifestantes con trabajadores, estudiantes, comerciantes y usuarios del transporte público. El derecho a reunión y la libertad de desplazamiento deben resguardarse mediante decisiones operativas razonables. La seguridad no puede medirse únicamente por la cantidad de calles bloqueadas o estaciones cerradas.

El Gobierno enfrenta una doble prueba

La ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó su preocupación por las consecuencias de las movilizaciones sobre la continuidad de las clases. Reconoció la legitimidad de las manifestaciones, pero sostuvo que el país no puede seguir perdiendo jornadas escolares.

Sin embargo, la respuesta gubernamental no puede agotarse en advertencias sobre el orden público o las dificultades que ocasionan las marchas. Las organizaciones han planteado demandas concretas sobre educación, vivienda, pensiones y derechos de las mujeres. Corresponde al Ejecutivo explicar sus decisiones, responder a esos cuestionamientos y mantener abiertos los canales de diálogo.

Cuando no hay urna, hay calle

Durante Enade 2026, el Presidente José Antonio Kast transmitió tranquilidad al empresariado porque el próximo año no habrá elecciones. “Así que tranquilos, todo va a estar bien”, afirmó, mientras destacaba las oportunidades para invertir sin las distracciones de las campañas electorales. Pero el calendario político no determina cuándo una sociedad expresa su descontento.

Las urnas constituyen una expresión fundamental de la democracia, pero no son la única. Las organizaciones sociales pueden manifestarse, exigir respuestas y cuestionar las decisiones gubernamentales durante todo el mandato presidencial. Y las demandas que no encuentran respuestas institucionales pueden terminar expresándose en las calles.

El Gobierno enfrenta ahora una seguidilla de movilizaciones que pondrá a prueba su capacidad de diálogo y de gestión del orden público. Kast podrá contar con un año sin elecciones, pero eso no equivale a un año sin cuestionamientos ciudadanos. Olvidó algo elemental: cuando no hay urna, hay calle.

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