Este sábado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública descartó que hubiera un retraso en la reforma a las policías. Esta aclaración se da luego de que integrantes de la Unidad Consultiva para la Reforma criticaran el avance de la iniciativa.
A través de un comunicado, la cartera comandada por Carolina Tohá (PPD), declaró que «por el contrario, la reforma a las policías es un proceso que está avanzando en forma consistente en sus tres dimensiones. Eficacia de la función policial, buen ejercicio de la función policial y mecanismos de probidad y transparencia».
«El avance de la reforma a las policías es continuo. De hecho, sólo esta semana el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la ley que aumenta los agentes policiales de la PDI de 950 a más de 4 mil, lo que -a su vez- incrementa la dotación total de dicha institución en 50%», reafirmaron.
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REFORMA A LAS POLICÍAS
Junto con ello, ejemplificaron el avance del proyecto en distintas áreas. Respecto a la eficacia de la función policial, destacaron que «en enero pasado se envió al Congreso el proyecto de ley de Nueva Modalidad de Ingreso a PDI, que fortalecerá la profesionalización de dicha institución al crear el escalafón de Oficiales Policiales Investigadores.
Y está próximo a su envío, en el marco del proyecto sobre Carrera Policial de Carabineros de Chile, el establecimiento de un sistema moderno de incentivos al desempeño de los funcionarios».
En cuanto al eje «buen ejercicio de la función policial», aseguraron, entre otros aspectos, que «en marzo entrará en vigencia el nuevo Reglamento de Cámaras Corporales (…). Esto, a partir de la aprobación de la ley que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales».
Sobre el tercer eje, «mecanismos de probidad y transparencia», consignaron que «se ejecutaron las primeras acciones de auditorías externas en ambas policías, en el marco del funcionamiento de los Comités de Auditoría Policial».
Por último, la cartera relevó la creación del Ministerio de Seguridad como «una transformación estructural del sistema de seguridad, que no solo responde a los desafíos actuales en materia de criminalidad, sino que también marca un cambio institucional de largo plazo, asegurando una reforma continua y estructurada, y consolida mecanismos de control sobre la eficacia de función policial, su buen ejercicio y probidad».
