Diputados del Partido Comunista (PC) presentaron una propuesta para modificar la Ley Naín-Retamal e inmediatamente y el mero anuncio provocó el rechazo unánime del oficialismo y, también, roces en la oposición.
En concreto, el proyecto busca suprimir la presunción de legítima defensa privilegiada en favor de los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, y, además, reincorporar la conceptualización penal anterior referida al delito de apremios ilegítimos, ambos apartados que forman parte de l esencia de la ley 21.560.
Recordemos que fue promulgada durante el gobierno anterior -a pesar de fuertes discrepancias al interior del entonces conglomerado oficialista- y fue incorporada como un hito en seguridad en sus balances institucionales.
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SD: EXTEMPORÁNEO
Así las cosas, desde el Socialismo Democrático el senador Juan Luis Castro (PS) catalogó la moción de extemporánea. A su juicio, los reparos planteados por el PC debieron canalizarse durante la discusión original del articulado, instancia donde la ley contó con la ratificación del Ejecutivo de la época.
Por su parte, en Emol el jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, descartó sumarse a la propuesta de derogación de la Ley Naín-Retamal argumentando que la presunción legal del uso racional del medio de defensa constituye un resguardo indispensable ante agresiones físicas severas a los efectivos.
En tanto, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, defendió que la actual legislación fortaleció la operatividad de las policías al evitar que los uniformados pasaran automáticamente a la condición de imputados o suspendidos tras usar su arma de servicio.
Para él es un error político desmantelar la norma en el actual contexto de avance del crimen organizado, y emplazó al PC a reconsiderar su postura.
FA: ES PERTINENTE
Distinta es la postura en el Frente Amplio.
El secretario ejecutivo de la colectividad, Simón Ramírez, cuestionó los intentos de cancelar la discusión de manera anticipada, porque -dijo- la evaluación y perfeccionamiento de las herramientas legales vigentes forma parte de las dinámicas regulares de un debate democrático.
Asimismo, descartó que su interfiera en la seguridad ciudadana.
El diputado Jaime Bassa (FA) argumentó que la normativa ha sido objeto de reparos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que su revisión es pertinente.
Según el parlamentario, la aplicación práctica de la legítima defensa calificada ha producido los efectos adversos que ya se advirtieron durante el debate legislativo de la iniciativa, lo cual se tradujo en una baja de los estándares de rendición de cuentas de la fuerza y en la generación de espacios de impunidad.
