El Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió un nuevo frente judicial para esclarecer una presunta red de influencias destinada a intervenir en nombramientos y decisiones del Poder Judicial.
El organismo presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa; los abogados Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Mario Vargas; y el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.
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La acción penal atribuye a Ulloa eventuales delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. En tanto, apunta a Hermosilla, Donoso, Vargas y Yáber por un posible delito de soborno.
GESTIONES PARA INSTALAR NOMBRES EN TRIBUNALES
La querella surgió a partir de antecedentes recopilados en el denominado caso Audio. Según el CDE, los involucrados habrían utilizado sus relaciones personales y profesionales para promover la designación de Ulloa como integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Las gestiones no se habrían limitado al exmagistrado. El organismo busca establecer si la misma red intentó influir en otros nombramientos dentro del Poder Judicial y si sus integrantes recibieron posteriormente beneficios por su intervención.
El CDE sostiene que Ulloa habría resuelto asuntos vinculados con los intereses de los abogados que apoyaron su nombramiento, sin inhabilitarse pese a mantener relaciones personales con ellos.
La institución considera que estas conductas no solo podrían constituir delitos, sino que también afectarían la igualdad ante la ley y el funcionamiento del Estado de derecho.
INFORMACIÓN RESERVADA Y MILLONARIAS TRANSFERENCIAS
El organismo también acusa a Ulloa de entregar información reservada obtenida durante el ejercicio de su cargo. Entre los antecedentes divulgados figurarían acuerdos, votaciones y materias internas o disciplinarias de la judicatura.
Otro de los puntos centrales de la querella corresponde a las transferencias efectuadas por Sergio Yáber. De acuerdo con el CDE, el conservador habría entregado más de $74 millones a Ulloa durante un periodo de seis años.
En ese mismo lapso, el entonces ministro habría votado favorablemente por Yáber en un proceso destinado a nombrar al conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago. La investigación deberá determinar si existió una relación entre los pagos y las decisiones adoptadas por el exjuez.
La acción judicial agrava la situación penal de Ulloa, quien espera que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, presente una querella de capítulos. Ese procedimiento resulta necesario para que el Ministerio Público pueda avanzar hacia una eventual formalización.
DONOSO RECHAZA ACUSACIONES
La querella también permitirá que la Fiscalía investigue las actuaciones de Samuel Donoso en procesos de designación de magistrados. El abogado negó haber ofrecido algún beneficio o solicitado una retribución a Ulloa.
“Jamás he proporcionado un beneficio al señor Ulloa, ni menos le he formulado la solicitud de alguna retribución. Es una infamia pretender lo contrario”, afirmó.
Donoso calificó la interpretación del CDE como abusiva y cuestionó que la investigación esté a cargo de fiscales con quienes litigó durante el caso SQM y a quienes denunció administrativamente por supuestas filtraciones relacionadas con la senadora Flores.
La presentación del CDE se conoció un día después de que la Fiscalía Oriente cerrara nuevamente la investigación del caso Audio. La causa, iniciada en 2023, podría avanzar hacia la preparación del juicio oral, mientras el Ministerio Público solicita penas que alcanzan los 17 años.
CDE se querella contra el exministro Ulloa y abogados del caso Audio por presunta corrupción en nombramientos judiciales
https://t.co/VGYheYQ8Ea— Guillermo Bastias (@gmobastias) September 16, 2026
