Política

Senadora Astudillo pide investigar demora en pagos de PGU

Cristian Navarro H.

Periodista

Astudillo
Foto: Senadora Astudillo
La parlamentaria solicitó a la Superintendencia de Pensiones indagar las responsabilidades por la demora que habría afectado a beneficiarios vinculados a BICE Vida. También advirtió sobre los riesgos de obligar a personas mayores a cobrar presencialmente en BancoEstado.

La senadora Danisa Astudillo ofició al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para solicitar una investigación por el retraso en el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros beneficios que habría afectado a cerca de 53 mil pensionados.

Según el documento enviado este miércoles 16 de septiembre, la demora se habría originado por una equivocación en los antecedentes que la compañía de seguros BICE Vida remitió al Instituto de Previsión Social (IPS).

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La parlamentaria pidió al organismo fiscalizador determinar las responsabilidades de la aseguradora y de otras entidades que eventualmente pudieron intervenir en el problema. Asimismo, solicitó evaluar el inicio de un procedimiento sancionatorio y aplicar las medidas correspondientes si se comprueban incumplimientos.

RIESGOS DEL COBRO PRESENCIAL

Astudillo también cuestionó que los beneficiarios afectados deban retirar sus pagos presencialmente en sucursales de BancoEstado. A su juicio, esta alternativa representa una dificultad adicional para las personas mayores con problemas de desplazamiento.

La senadora advirtió, además, que acudir a una sucursal bancaria para retirar dinero en efectivo expone a este grupo especialmente vulnerable a un mayor riesgo de hurtos o robos.

SOLICITUD DE MEDIDAS Y POSIBLES CAMBIOS LEGALES

La legisladora sostuvo que resulta razonable que la Superintendencia actúe de oficio, tal como habría ocurrido anteriormente frente a errores institucionales en los cálculos o en el envío de información utilizada para determinar la PGU.

Finalmente, Astudillo solicitó recibir todos los antecedentes relacionados con el caso y pidió al superintendente informar si considera necesaria alguna modificación legal que permita evitar situaciones similares y proteger oportunamente a los pensionados.

 

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