La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a la idea de legislar el proyecto del Gobierno que amplía de cinco a 180 días el plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas.
La iniciativa fue aprobada por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, pese a las advertencias sobre sus posibles consecuencias humanitarias y la situación jurídica de las personas afectadas.
El Ejecutivo ingresó la reforma constitucional el 8 de junio. Durante la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la propuesta bajo el argumento de entregar al Estado herramientas más eficaces para controlar y gestionar la migración irregular.
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Pero detrás de ese lenguaje administrativo existe una realidad mucho más brutal: personas que no necesariamente han cometido delitos podrían permanecer privadas de libertad durante seis meses mientras el Estado tramita su expulsión.
EL GOBIERNO CONVIERTE SU INEFICIENCIA EN UN CASTIGO
El diputado de Renovación Nacional Francisco Orrego sostuvo que los actuales cinco días resultan insuficientes para identificar, localizar y notificar a los afectados, verificar documentos, coordinarse con los consulados, gestionar pasajes y efectuar los traslados.
La Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones también respaldaron la necesidad de ampliar el plazo.
Sin embargo, ninguna deficiencia administrativa justifica encarcelar durante 180 días a una persona. La lentitud de los consulados, la falta de documentos o los problemas para comprar un pasaje corresponden a dificultades que el Estado debe solucionar mediante una mejor gestión, no descargándolas sobre quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
El Gobierno optó por el camino más cruel: transformar su propia incapacidad para ejecutar oportunamente las expulsiones en una privación prolongada de libertad.
“UN INCENTIVO PARA LA DEMORA”
El diputado del Partido Comunista Marcos Barraza votó en contra y advirtió que el nuevo plazo podría convertirse en “un incentivo para la demora”.
La diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia también cuestionó que las autoridades pretendan mantener personas detenidas durante seis meses sin aclarar siquiera dónde permanecerán ni cuánto costará implementar la medida.
Pamela Jiles, del Partido de la Gente, expresó uno de los cuestionamientos más duros.
“Se está sometiendo durante 180 días de privación de libertad, lo que el ministro llama curiosamente retención, a personas que no han sido presentadas frente a un tribunal ni han cometido delito alguno”, sostuvo.
Aunque la reforma contempla control judicial cuando la autoridad administrativa decida renovar el periodo de detención y obliga a adecuar la Ley de Migración y Extranjería, esas disposiciones no eliminan el problema de fondo: seis meses de encierro constituyen una medida desproporcionada.
UNA POLÍTICA INCOMPATIBLE CON LA DIGNIDAD HUMANA
Votaron a favor Constanza Hube, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Irarrázaval, Ignacio Urcullú, José Antonio Kast Adriasola, Cristián Araya, Francisco Orrego y Jaime Mulet. José Montalva se abstuvo.
La votación demuestra que esta política trasciende las fronteras partidarias. Sin embargo, la responsabilidad principal recae sobre el Gobierno, que presentó el proyecto y envió al ministro de Justicia a defenderlo.
El Ejecutivo no puede hablar de derechos humanos mientras impulsa una reforma que permite mantener encerradas por medio año a personas debido a un procedimiento administrativo. Llamar “retención” a esta medida intenta suavizar lo evidente: se trata de una privación de libertad que puede destruir vínculos familiares, empleos y estabilidad emocional.
Chile necesita una política migratoria ordenada, eficiente y respetuosa de la ley. Lo que no necesita es convertir a los migrantes en chivos expiatorios de la desorganización estatal.
Migrar no es un delito y la irregularidad administrativa tampoco puede tratarse como si lo fuera. Con esta iniciativa, el Gobierno cruza un límite peligroso y contradice cualquier estándar mínimo de humanidad.
