Los sueldos en el sector público reabrieron la discusión política luego de conocerse que 46 funcionarios estatales ganaron igual o más que el Presidente José Antonio Kast.
Los antecedentes corresponden a remuneraciones pagadas durante junio en diez superintendencias del país.
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La renta bruta del Mandatario alcanza aproximadamente los $11,3 millones mensuales.
Un análisis publicado por El Mercurio dio a conocer las cifras obtenidas desde los portales de Transparencia Activa.
La información amplió el debate sobre los sueldos que reciben altas autoridades del aparato estatal.
Altos sueldos
La controversia surgió después de una reunión entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri.
Ambas autoridades analizaron las elevadas remuneraciones existentes en el Congreso y la Biblioteca del Poder Legislativo.
Posteriormente, el debate se extendió hacia otros organismos públicos con autonomía administrativa.
Las cifras incluyen funcionarios de las superintendencias de Salud, Pensiones y Seguridad Social.
También aparecen autoridades de Insolvencia y Reemprendimiento, Casinos y Servicios Sanitarios.
La lista incorpora además a las superintendencias de Electricidad y Combustibles, Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.
Los registros muestran que las mayores remuneraciones corresponden principalmente a jefes de servicio.
También figuran directivos de Alta Dirección Pública y jefaturas técnicas de alto nivel.
La información volvió a instalar el debate sobre los sueldos financiados con recursos públicos.
Parlamentarios de distintos sectores plantearon revisar los criterios utilizados para fijar esas remuneraciones.
Algunos legisladores consideran necesario establecer límites más estrictos para los cargos mejor pagados del Estado.
Otros sostienen que la revisión debe garantizar remuneraciones acordes con las responsabilidades de cada función.
El objetivo apunta a evitar diferencias consideradas excesivas respecto del sueldo presidencial.
La discusión también contempla evaluar si la legislación vigente responde a los actuales estándares de transparencia.
El Congreso continuará analizando posibles modificaciones para actualizar los mecanismos de control sobre las remuneraciones públicas.
El debate sobre los sueldos en el Estado vuelve así a instalarse como uno de los temas relevantes de la agenda legislativa.
