Momentáneamente detenida quedó la investigación penal que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto: el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el procedimiento mientras analiza un requerimiento presentado por la defensa del parlamentario respecto de una norma del Código Procesal Penal que, a su juicio, resulta inconstitucional al ser aplicada en esta causa.
La solicitud de suspensión fue presentada por los abogados del legislador y ayer la Primera Sala del TC la acogió.
Eso significa que el proceso penal permanecerá paralizado hasta que el TC determine si declara admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ese es el paso previo para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
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La norma que desencadenó todos estos pasos es la disposición legal que restringe la reapertura de diligencias investigativas únicamente a aquellas que fueron solicitadas dentro del plazo de investigación fijado por la ley.
El equipo jurídico del senador busca impedir que se aplique, porque consideran que limita su derecho a una defensa efectiva.
Recordemos que Calisto enfrenta una acusación formal de la Fiscalía por fraude reiterado al Fisco, por la cual se solicitan 12 años de cárcel. Se le imputa la contratación de «asesores fantasma» mediante asignaciones parlamentarias durante su época como diputado, cuyo dinero habría sido triangulado y devuelto a sus propias cuentas.
«ESPECIALMENTE RELEVANTE»
César Ramos, abogado de Calisto, valoró la decisión del TC. «estamos muy conformes con la resolución dictada el día de hoy, que suspendió el procedimiento penal seguido en contra del senador Calisto». Dijo que la medida es especialmente relevante, porque «si no se suspendía el procedimiento, nuestro requerimiento perdía total eficacia porque ya habría sido aplicada la disposición legal que estamos pidiendo que no se aplique por tener efectos inconstitucionales»
Se refería a que el próximo lunes 27 de julio estaba fijada una audiencia en el Juzgado de Garantía de Coyhaique donde precisamente debía discutirse la reapertura de la investigación.
Con esto, explicó, el TC «lo que ha hecho es darle primero una resolución a la contienda constitucional, resolver si nuestro requerimiento es admisible o no y, para que este no pierda eficacia, suspender el procedimiento penal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si el requerimiento es o no admisible».
Tras la resolución del Tribunal Constitucional quedó sin efecto la audiencia que estaba programada para el lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
Ahí debía revisarse la procedencia de dos actuaciones solicitadas por la defensa del senador, las que habían sido autorizadas por el Ministerio Público pese a que, según sostiene la propia Fiscalía, fueron requeridas una vez vencido el plazo legal de la investigación.
