El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por un grupo de automotoras en contra de las obligaciones establecidas en el decreto del Ministerio del Medio Ambiente para la disposición de los neumáticos usados, dictado en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).
La industria automotriz buscaba dejar sin efecto el decreto que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a las ruedas.
Respecto al argumento que sostenía que los vehículos no serían un producto prioritario -lo que los dejaría fuera de los objetos obligados por la ley-, la sentencia aclara que estos sí están dentro del catálogo de las seis clases definidas por el cuerpo legal, abarcando tanto los neumáticos de reposición como aquellos que forman parte integrante de vehículos, pues corresponden «al mismo tipo de residuo y generan las mismas externalidades negativas para el medio ambiente».
El tribunal argumentó que «quien vende por primera vez un vehículo, introduce en el mercado los neumáticos de este, debiendo entonces hacerse cargo de su gestión al ser considerados por ley como producto prioritario».
