Desde el Gobierno señalaron su preocupación e inquietud ante las acusaciones constitucionales interpuestas a los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
En concreto, desde La Moneda, indican que este escenario es inquietante por varias razones. Primero porque el estrés institucional no es gratis, dicen en el Ejecutivo.
El nuevo escenario, además, obliga a la administración del Presidente Gabriel Boric a iniciar negociaciones que no estaban contempladas para llenar los cupos que quedan vacante y porque nada asegura que se mantendrán los equilibrios políticos en el máximo tribunal.
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Pese a que públicamente el gobierno no se inmiscuyó en la discusión, autoridades del Ejecutivo como el ministro de Justicia, Luis Cordero, sí advirtió sobre el estrés institucional que significa este remezón a la Corte Suprema.
En este sentido, la inquietud de La Moneda se concentra en los plazos con los que se pueden tramitar los nuevos nombres de supremos, así como también en la mantención de los equilibrios políticos al interior del máximo tribunal.
Además, cabe destacar que este miércoles Cordero dijo en el Congreso dijo que esta “es la crisis del sistema de justicia, no solo del Poder Judicial, más relevante desde el retorno a la democracia, pero las instituciones democráticas también tienen mecanismos de recomposición. Uno de los mecanismos es que las instituciones democráticas ejerzan sus labores y todos entendamos respetuosamente que cada uno ejerce la que corresponde”.
Nuevo sistema para el nombramiento de jueces
La Moneda presentó este miércoles el proyecto que modifica el sistema de nombramientos judiciales. Se trata de la medida con la que la administración del Presidente Boric busca enfrentar la crisis desatada por el caso Audio.
Los detalles de la iniciativa fueron presentados por el ministro Luis Cordero en la comisión de Constitución de la Cámara, en donde también estuvo presente el extitular de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín.
Cabe destacar que la propuesta del Gobierno se centra en ejes como la separación de las funciones judiciales de las administrativas, la creación de un ente independiente a la Suprema que se encargaría de las nuevas designaciones y la idea de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial pueda ser regulada por la Contraloría.
