Una serie de diligencias activó durante la presente semana el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en relación con la arista ProCultura del denominado caso Líos de Platas o Convenios.
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Según precisaron desde Fiscalía, en esta oportunidad las acciones se llevaron a cabo en la región de Ñuble por parte de un equipo de detectives de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones que estuvo encabezado por uno de los fiscales que forma parte del equipo de trabajo que creó el citado persecutor regional.
En concreto, se citó a declarar a 19 personas, entre ellas, funcionarios públicos del Gobierno Regional de Ñuble, de la Fundación ProCultura y de una consultora.
LOS CITADOS
Entre los citados estuvo justamente el gobernador Óscar Crisóstomo (PS), quien fue requerido en calidad de imputado y cuyo desafuero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chillán este martes 15 de octubre.
En medio de la diligencia, eso sí, el indagado gobernador declinó entregar su testimonio y se acogió a su derecho a guardar silencio, al igual que otros seis de los personeros convocados por el ente persecutor.
De acuerdo con el detalle, los investigadores lograron recabar el testimonio de 10 de las personas citadas y reprogramaron la diligencia respecto de otras dos.
Las disposiciones, recordaron desde el Ministerio Público, se suman a las efectuadas hace pocas semanas en nueve comunas de la región Metropolitana y en la región del Biobío, en que se efectuaron incautaciones de diversas especies, nubes informáticas, bases de datos de correo electrónico, entre otras.
Ahí, de hecho, fue la ocasión en que se le incautaron aparatos tecnológicos al fundador de la ONG, Alberto Larraín.
Bajo esta arista se pesquisan eventuales delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
