El Consejo de Defensa del Estado (CDE) representará al Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el recurso de protección presentado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien defiende a su hermano Luis en el contexto del denominado «caso audio».
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Es importante señalar que, aunque la normativa que rige al CDE le otorga la facultad de patrocinar a instituciones estatales en procesos judiciales, resulta notable que este organismo actúe simultáneamente como querellante en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Oriente.
Fuentes del CDE aclararon que, si bien la situación podría parecer contradictoria, se trata de dos asuntos que se tramitan en «sistemas» distintos: uno de carácter penal y otro de naturaleza constitucional, lo que implica que no existen errores en la interpretación legal.
TODOS LOS CHATS VINCULADOS AL CASO AUDIOS
En paralelo, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ha solicitado a Lorena Parra la entrega de todos los chats vinculados al «caso audio» que mencionen a cualquier fiscal que pudiera tener relación con Luis Hermosilla. Esta solicitud se enmarca en la investigación que se sigue en contra del ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, tras descubrirse en diversas comunicaciones halladas en el celular de Luis Hermosilla indicios de posibles delitos de corrupción.
En la actualidad, el recurso de protección está siendo tramitado ante el tribunal de apelaciones de la capital. La Primera Sala (o sala de cuenta), compuesta por los magistrados Jorge Zepeda, Alejandro Rivera, y la abogada integrante Claudia Candiani, ha solicitado a la Fiscalía un informe que deberá responder a las argumentaciones presentadas por Juan Pablo Hermosilla. Cabe destacar que la Fiscalía ha solicitado una prórroga para la entrega de este documento.
Una vez que se presente el informe, se programarán los alegatos, en los cuales el CDE defenderá al Ministerio Público. Cualquiera sea el resultado de este proceso, la decisión final recaerá en la Corte Suprema.
RECURSO DE PROTECCIÓN
En su recurso de protección, Juan Pablo Hermosilla sostiene que la Fiscalía ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando los derechos constitucionales de su hermano, quien se encuentra en prisión preventiva y formalizado por delitos de corrupción. En su presentación, Hermosilla argumenta que los derechos afectados incluyen la igualdad ante la ley, el derecho al honor y el debido proceso.
Esencialmente, el recurso tiene como objetivo que la justicia revoque la decisión del juez Valencia, quien desestimó la solicitud de inhabilidad en contra de Lorena Parra, la fiscal regional Oriente, para que no continúe conociendo el caso. Esta situación se debe a que Parra admitió que, al postular a su cargo actual, envió su currículum para que Luis Hermosilla lo distribuyera entre los ministros de las cortes de Santiago y San Miguel. En las votaciones, los magistrados de ambos tribunales expresaron, en su mayoría, su preferencia por Parra, quedando en primer lugar en la terna y siendo inmediatamente nombrada por el entonces titular del CDE, Jorge Abbott.
Asimismo, Juan Pablo Hermosilla acusó a Valencia de cometer una “omisión” respecto a las filtraciones de la causa, las cuales han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación.
