La Fiscalía Nacional estableció que no hubo delitos en el manejo de la pandemia del COVID-19 durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera, tras cerrar la investigación que se inició luego de la querella presentada por el otrora alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
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La acción judicial, que tuvo como querellados al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y sus subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, fue interpuesta por el ex jefe comunal en junio de 2020 por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, a raíz del fallecimiento de 62 personas por coronavirus en Recoleta.
Según establecía el texto, “nuestras autoridades sanitarias no adoptaron decisiones drásticas (…) sino únicamente medidas parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación”, en el marco de la pandemia.
Según el documento, las acciones implementadas por las autoridades de Salud estaban “marcadas por un claro sesgo social y político en la adopción de determinadas medidas en algunos lugares, descartando otros sin justificación alguna”.
LA QUERELLA DE JADUE
Daniel Jadue, quien cumple arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares, acusó también a los ex funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera de “una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables que (…) a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública“.
Entre aquellas, apuntó a la “negligencia inexcusable de los querellados como autoridades de gobierno en la toma de decisiones a nivel general”.
“No han sido solo errores, sino que decisiones conscientes y deliberadas para su interés político personal, tendientes a proteger y mantener el adecuado funcionamiento de la economía del país, en desmedro del cuidado de la salud y vida de sus ciudadanos“, argumentó también el ex alcalde.
LOS ARGUMENTOS
De acuerdo con lo informado por La Tercera, luego de encabezar la indagatoria durante cinco años, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana, Marcelo Carrasco, le informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación.
Según argumentó el persecutor, en todo este tiempo no logró reunir suficientes antecedentes para fundar una acusación contra los querellados y tampoco logró establecer la existencia de algún delito en el manejo de la pandemia.
Tras eso, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 25 de julio la audiencia en la que comunicará oficialmente la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público.
