Los integrantes de la Corte Suprema se sometieron a un examen de pelo para detectar consumo de drogas. Lo hicieron voluntariamente.
Las muestras de pelo se tomaron esta mañana y en el procedimiento participó la totalidad de los ministros en ejercicio, incluido el presidente Ricardo Blanco Herrera.
El análisis lo realiza una empresa especializada cuyos servicios se licitan cada tres años.
Lea también: Por conflicto de interés Juez Matus se retira de fallo de caso Dominga
Hasta ahora el test, que permite constatar si existió uso de sustancias hasta 90 días antes de la toma de la muestra, se tomaba en febrero de cada año por sorteo.
Sin embargo, ahora el Pleno decidió que todos se sometan al examen.
La iniciativa dice relación con el cumplimiento de un acuerdo para prevenir el consumo indebido de estupefacientes o psicotrópicas por parte de los funcionarios judiciales. El procedimiento es aplicable a los miembros del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Por lo mismo, el Pleno de la Corte Suprema, mediante un procedimiento reservado, determinará aleatoriamente una muestra de funcionarios de cada Escalafón y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que deberán someterse al test de control de drogas.
VOCERA: «UN SEÑAL DE PROBIDAD»
La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que «esta es una decisión del Pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, de confianza y de legitimidad en cuanto a que los integrantes del máximo tribunal estamos ajenos a presiones indebidas, en este caso asociadas a alguna dependencia o adicción».
«Hasta ahora, los ministros podíamos salir sorteados, pero optamos por hacerlo como un organismo colegiado y de forma voluntaria», detalló.
El resultado se informará confidencialmente en los casos negativos.
En relación con los positivo, previo a su informe al Pleno de la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ordenará una contra muestra y, de arrojar que sí hay consumo de sustancias prohibidas, someterá a la persona a una evaluación clínica, que incluya los exámenes y procedimientos necesarios, con la finalidad de determinar fehacientemente la dependencia de alguna droga estupefaciente o psicotrópica ilegal.
Si esta arroja que el funcionario es dependiente de una sustancia o droga estupefaciente o psicotrópica debido al consumo por un tratamiento médico, podrá continuar desempeñando normalmente sus funciones.
Si no es ese el motivo se informará al superior jerárquico para someterse a un procedimiento de rehabilitación,
Podría ser suspendido de sus funciones por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema.
