La exposición de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dejó en segundo plano la discusión sobre cifras y porcentajes del reajuste al sector público, para instalar un debate más profundo: la transparencia del gasto, la equidad dentro del Estado y el respeto por la institucionalidad.
Más que cuestionar el reajuste en sí mismo, Pérez advirtió que la Contraloría no cuenta con información suficiente para cumplir adecuadamente su rol de control. Según explicó, el organismo no dispone de la data completa sobre asignaciones, bonos y aguinaldos, ni de los tramos de sueldos de quienes serían beneficiados, lo que impide validar las proyecciones de gasto elaboradas por el Ejecutivo. A su juicio, esta carencia de antecedentes no es un detalle técnico, sino un problema de fondo que debilita la toma de decisiones públicas.
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EQUIDAD INTERNA BAJO TENSIÓN
Uno de los puntos más sensibles de su presentación fue la desigualdad que se estaría generando al interior del aparato estatal. La contralora expuso casos concretos de funcionarios a contrata que ingresan en grados altos y con remuneraciones elevadas, incluso desempeñando funciones similares —o en ocasiones aprendiendo— de trabajadores de planta con muchos más años de experiencia.
Pérez señaló que este tipo de situaciones provoca desmotivación y un profundo sentimiento de injusticia entre quienes han construido su carrera durante décadas. Desde su perspectiva, el problema no es solo administrativo, sino estructural: se erosiona el principio de mérito y se desnaturaliza la carrera funcionaria.
RIESGO PARA LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL
La contralora también expresó preocupación por las normas del proyecto que limitan la intervención de Contraloría en materias de carácter litigioso. A su juicio, este tipo de disposiciones no solo restringen facultades específicas, sino que alteran directamente las competencias de un órgano autónomo consagrado en la Constitución.
En ese contexto, advirtió que modificar atribuciones institucionales mediante una ley miscelánea de rango simple abre un precedente complejo para el equilibrio democrático. “Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría”, sostuvo, recalcando que cambios de esa magnitud debieran abordarse mediante normas orgánicas constitucionales.
Así, la intervención de Dorothy Pérez trascendió la coyuntura del reajuste y se transformó en una defensa más amplia del control público, la equidad interna del Estado y la protección de la institucionalidad.
Las críticas de la contralora al proyecto de reajuste al sector público «de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores», «llegan a veces a realizar la misma función» #amarre #Emol https://t.co/UhfkdaZLfp a través de @emol
— Alejandra Pozo Cortez (@AlePozoCortez) January 12, 2026
