Un reciente reporte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a encender las alertas por el uso irregular de licencias médicas en el sector público.
El documento corresponde al séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, elaborado en el marco de la Ley de Presupuestos 2026, y revela una marcada diferencia entre la cantidad de funcionarios involucrados y quienes finalmente han sido removidos de sus cargos.
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Según el informe —que considera antecedentes recopilados hasta el 31 de diciembre de 2025—, los servicios del Gobierno Central reportaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas. Estas situaciones involucran a un total de 29.270 funcionarios públicos, de acuerdo con información entregada por la Contraloría General de la República (CGR).
INVOLUCRADOS
Del total de personas involucradas, 23.745 aún continúan desempeñándose en el sector público, mientras que 5.525 ya no forman parte de la administración del Estado. No obstante, incluso entre quienes dejaron sus cargos, 2.947 siguen enfrentando sumarios administrativos, pese a no encontrarse actualmente en funciones.
En conjunto, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser indagados mediante procesos disciplinarios. De ese universo, ya se han iniciado 25.352 sumarios administrativos, aunque la gran mayoría sigue sin resolución definitiva: 21.098 continúan en trámite y solo 4.254 han concluido con un pronunciamiento del jefe superior del servicio correspondiente.
Es en este grupo donde se evidencia la mayor brecha entre la cantidad de investigaciones y la aplicación de sanciones más severas. De los 1.543 procesos ya cerrados y con resolución ejecutoriada, la autoridad destituyó a solo 262 funcionarios, cifra que equivale a cerca del 1% del total de involucrados por el uso indebido de licencias médicas.
En el resto de los casos concluidos, las investigaciones derivaron en sanciones de menor gravedad o en la ausencia de castigo: 577 funcionarios quedaron absueltos o sobreseídos; 584 recibieron censura; 65 enfrentaron suspensión de sus funciones; y 55 recibieron multas.
FUNCIONARIOS
A ello se suma que otros 2.711 funcionarios cuentan con resoluciones, pero aún esperan el cierre formal de sus procesos o la ejecución de las medidas disciplinarias, debido a impugnaciones u otras etapas pendientes dentro del procedimiento administrativo.
El informe también aborda el impacto económico asociado a estas situaciones. La duración promedio de las licencias cuestionadas alcanza los 22,1 días y, considerando una remuneración bruta mensual promedio de $1,9 millones, se estima que los funcionarios sometidos a sumario percibieron cerca de $36.876 millones durante los períodos en que se encontraban con licencia.
Además, 1.009 funcionarios optaron por renunciar antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra, lo que reduce aún más el número de posibles sanciones efectivas.
CASOS
En cuanto al origen de los casos, Dipres señala que 4.061 funcionarios ingresaron al aparato público a partir del 11 de marzo de 2022, mientras que 23.667 corresponden a administraciones anteriores.
Asimismo, los reportes CIC de la CGR indican que las principales causas de irregularidades están asociadas a salidas del país (33%), ausencias en servicios regionales (35%) y visitas a casinos de juego (21%), entre otros motivos.
El balance vuelve a dejar en evidencia que, pese al elevado número de funcionarios involucrados en el uso indebido de licencias médicas, las destituciones siguen siendo marginales, en un contexto marcado por procesos administrativos que, en su mayoría, aún permanecen abiertos.
