Durante el fin de semana, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer el Plan Nacional de Reconstrucción, iniciativa que contempla el envío de un proyecto de ley con 40 medidas destinadas, entre otros objetivos, a enfrentar el déficit fiscal que —según plantean desde el Ejecutivo— proviene de la administración de Gabriel Boric. Entre las propuestas incluidas en el plan aparecen tres cambios vinculados a la gratuidad en la educación superior que afectarían a los estudiantes: detener la ampliación del beneficio a nuevos deciles de ingresos (actualmente cubre a los seis de menores recursos); establecer una moratoria para la incorporación de nuevas universidades al sistema; y fijar un límite de edad para acceder a la gratuidad en carreras universitarias, restringiéndola a estudiantes menores de 30 años. En la actualidad, cerca de 26 mil estudiantes estudian bajo esa condición.
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En conversación con Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, profundizó en este último punto y explicó que los estudiantes que ya cuentan con gratuidad no perderán el beneficio. La eventual restricción, aclaró, se aplicaría solo a quienes postulen en el futuro con más de 30 años una vez que la norma esté vigente. Además, precisó que la medida se enfocaría exclusivamente en carreras universitarias, dejando fuera a las técnicas. “Los que estudian carreras técnicas van a estar excluidos”, señaló el secretario de Estado.
CIFRAS
De acuerdo con cifras oficiales a las que accedió La Tercera, al cruzar la base de matrícula y asignación de beneficios de 2025 se contabilizan 25.839 estudiantes mayores de 30 años con gratuidad en alguna de las 68 instituciones adscritas al sistema —38 universidades, 7 institutos profesionales y 23 centros de formación técnica— que iniciaron estudios profesionales a esa edad. De ese total, 17.065 cursan programas en institutos profesionales, mientras que 8.774 lo hacen en universidades.
En ese contexto, si la propuesta de Kast —que busca impedir el acceso a gratuidad para estudiantes mayores de 30 años en carreras universitarias— hubiera estado vigente, esos 8.774 estudiantes no habrían podido ingresar bajo este beneficio. La cifra equivale aproximadamente al 1,4% de los 612.000 estudiantes que contaban con gratuidad en 2025 (alrededor de un 8% más que en 2024) y que cumplen con el requisito socioeconómico de pertenecer a los seis deciles de menores ingresos del país, es decir, al 60% de los hogares con menores recursos.
ORIGEN
Tras conocerse la propuesta del gobierno, el ministro Quiroz aclaró que la idea de frenar la expansión de la gratuidad y establecer un criterio de edad no surgió exclusivamente de la actual administración.
Según explicó, se trata de una recomendación elaborada por una Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, creada en mayo de 2025 por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), con el objetivo de plantear propuestas técnicas para un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales. Esta instancia estuvo compuesta por cinco especialistas y contó con el apoyo de una secretaría ejecutiva de la Dipres.
GRATUIDAD
Según el Ejecutivo, esas recomendaciones fueron recogidas en la propuesta actual. Sin embargo, tras su anuncio, algunos parlamentarios oficialistas salieron a respaldarla en redes sociales con interpretaciones erróneas.
Un ejemplo fue el del diputado republicano Benjamín Moreno, quien escribió: “¿Quieres gratuidad para personas que llevan 12 años estudiando? ¿Y quien paga? ¿Moya?“. No obstante, la legislación vigente establece con claridad que la gratuidad cubre únicamente la duración formal de las carreras, que en el caso de las universidades suele ser de cinco años. Cuando ese plazo se supera, el beneficio se pierde. Desde su implementación, más de 70 mil estudiantes han dejado de recibirlo por esa razón.
ESTUDIANTES
Una vez que se pierde la gratuidad, el tiempo adicional que el estudiante requiera para finalizar la carrera debe financiarlo por su cuenta. Aun así, la normativa establece ciertos límites: las instituciones pueden cobrar como máximo el 50% del arancel durante ese periodo.
El resto suele ser asumido —en gran medida— por las propias casas de estudio, que históricamente han planteado la necesidad de ampliar la cobertura del beneficio al menos por un año adicional, argumentando que los retrasos académicos forman parte habitual del proceso universitario.
