Como una acción “desesperada” calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma el recurso interpuesto por los imputados vinculados al buque Cobra ante la Corte Suprema, con el objetivo de dejar sin efecto la sanción administrativa que les revocó sus licencias.
Así lo expresaron Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, familiares de pescadores que fallecieron tras la colisión entre la embarcación menor y el buque Cobra de Blumar, ocurrida hace casi un año.
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En detalle, señalaron que la presentación apunta a anular la sanción derivada de la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM), la cual estableció la revocación permanente de la licencia de patrón de pesca al capitán del pesquero de alta mar, Roberto Mansilla. Asimismo, al jefe de máquinas, Jaime Sandoval, se le aplicó una suspensión de dos años, mientras que al piloto Luis Macaya se le sancionó con la misma medida por un año.
IMPUTADOS
Los tres imputados, ya formalizados en la causa, acudieron al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso previamente presentado, el cual buscaba revertir lo resuelto por la ISAM.
Ante este escenario, familiares de las víctimas afirmaron que “ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse, porque están desesperados, porque siempre hemos ido adelantados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos. Desde el primer día ellos no han sabido qué hacer y se contradicen en sus declaraciones”.
En esa línea, el abogado querellante Rafael Poblete expresó su confianza en que la Corte Suprema mantenga la inadmisibilidad ya determinada en Valparaíso, calificando la acción judicial como “absurdo”.
RECURSO PRESENTADO POR INTEGRANTES DEL COBRA
Por su parte, el abogado defensor Alejandro Espinoza defendió la presentación ante la Corte Suprema, indicando que la sanción, entre otros aspectos, “se fundamentó en hechos y norma jurídica que no fueron objeto de la formulación de cargos”, además de denunciar “vulneración de la presunción de inocencia y al debido proceso“, junto con la afectación de garantías constitucionales como “el derecho al trabajo“.
Del mismo modo, argumentó que la sanción administrativa no alcanza el estándar requerido para sustentar una imputación penal, advirtiendo que se basa en la interpretación de la autoridad marítima respecto a que el capitán “responde bajo cualquier circunstancia, independiente de lo que haya hecho o no hecho”.
De esta manera, queda pendiente que la Corte Suprema se pronuncie sobre los recursos ingresados por los tripulantes del PAM Cobra, en una causa que avanza en paralelo a la formalización realizada esta semana en Coronel.
