La política de la sombra vuelve a presentarse en el Caso Camila Flores y plantea una dura interrogante, en el Congreso: ¿Política o negocio privado?
El caso Flores
Las recientes revelaciones sobre la senadora Camila Flores —vinculada a una presunta apropiación indebida de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias, mediante un mecanismo que habría involucrado a asesores de su equipo y conflictos por servicios impagos— no son una anécdota, sino un síntoma de un patrón que se repite peligrosamente en la política nacional.
La pregunta de fondo deja de ser estrictamente jurídica para volverse ética. ¿Se está usando el escaño para beneficio propio? La «cuota» supuestamente exigida a asesores y la opacidad en el financiamiento de asesores dibujan una gestión que, en el mejor de los casos, es una desprolijidad imperdonable y, en el peor, una instrumentalización burda del cargo público.
Mismo procedimiento que le imputan al senador Alejandro Kusanovic (Ind. Republicano). Se ha señalado que estaría siendo investigado por denuncias de un exasesor a quien se le habría ordenado en silencio devolver parte de sus ingresos para gastos del parlamentario. Hecho que este niega absolutamente. Pero el patrón, usar a asesores sobre pagados para en realidad recibir parte de ese dinero devuelta, está haciendo ruido. Y mucho.
El patrón del «malestar» sistémico
Lo alarmante es que el caso de Flores se suma a un historial de prácticas que han minado la confianza ciudadana transversalmente. No importa el color político; el modus operandi parece ser el mismo:
Los Municipios como fortines: Los casos de Cathy Barriga en Maipú y Daniel Jadue en Recoleta, entre muchos otros casos. Ellos encendieron las alarmas sobre cómo la gestión municipal puede transformarse en una caja negra donde la transparencia es la gran ausente.
La crisis en el Congreso, no es menor. Exdiputados como Mauricio Ojeda y Catalina Pérez, envueltos en cuestionamientos por el uso de recursos públicos (Caso Convenios), han demostrado que el Parlamento no es inmune a las malas artes.
Casos como el diputado desaforado Joaquín Lavín León, el más reciente, golpea no solo al parlamentario. Durante años, este y su esposa Cathy Barriga personificaron una forma de hacer política donde el marketing personal y la proximidad con intereses privados dictaban la agenda. La posterior formalización de ella y la actual de su cónyuge, abrieron el camino para que la desconfianza se instalara como moneda corriente.
El costo de la erosión
Lo que vemos en el caso de Camila Flores y sus pares parece ser un fenómeno de «corrosión institucional». Cuando la ciudadanía observa que quienes ostentan el poder son acusados de utilizar su posición para resolver problemas financieros personales, el contrato social se rompe.
Ya no se trata solo de determinar si hubo un delito —esa es tarea de los tribunales—, sino de reconocer que la política se parece estar convirtiendo, para muchos, en un vehículo de autogestión.
La política no puede seguir siendo un negocio encubierto bajo el manto de la representación popular. Sin un estándar de probidad radical, las instituciones seguirán siendo vistas como estructuras al servicio de una élite, y no como herramientas para el bien común. La senadora Flores tiene ahora el deber de explicar, más allá de los tecnicismos legales, por qué su gestión se parece tanto a una empresa de intereses personales.
Otros, también ya están preparando sus aclaraciones.
