Keiko Fujimori asumió este martes 28 de julio la Presidencia de Perú con la promesa de recuperar el control del Estado, combatir el crimen organizado y cerrar las brechas sociales. Su investidura devuelve al fujimorismo al Palacio de Gobierno después de casi 26 años, pero también abre una etapa marcada por la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones.
La nueva mandataria juró ante el Congreso para encabezar el país durante el período 2026-2031. Con ello, se convirtió en la primera mujer elegida mediante votación popular para gobernar Perú.
Durante su primer discurso, Fujimori presentó un duro diagnóstico sobre la administración pública. Aseguró que recibe un Estado debilitado por la corrupción, la falta de planificación y la incapacidad de garantizar servicios esenciales a la población.
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También fijó un plazo político para su gestión: 1.826 días durante los cuales exigirá metas verificables y rendición de cuentas a los funcionarios públicos.
SEGURIDAD COMO PRIORIDAD INMEDIATA
La lucha contra la delincuencia ocupó un lugar central en su intervención. Fujimori anunció que utilizará los servicios de inteligencia para identificar y desarticular las estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos organizados.
La presidenta también advirtió que su administración perseguirá a los integrantes de las policías que colaboren con organizaciones criminales. Según planteó, ninguna persona que utilice su cargo o uniforme para proteger actividades ilícitas contará con respaldo gubernamental.
La inseguridad fue uno de los principales temas de su campaña y una de las preocupaciones que impulsaron su estrecha victoria electoral sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, por una diferencia inferior a 50.000 votos.
EL REGRESO DE UNA FUERZA CONTROVERTIDA
La llegada de Fujimori al poder culmina una extensa carrera presidencial, después de sus derrotas en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021. También representa el retorno de una corriente política profundamente divisiva.
Sus partidarios vinculan el fujimorismo con el orden, la estabilidad económica y la derrota de los grupos insurgentes durante la década de 1990. Sus adversarios, en cambio, recuerdan el autoritarismo, las violaciones de los derechos humanos y los casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La nueva presidenta deberá construir una legitimidad propia y diferenciar su administración del legado de su padre, quien abandonó el poder en 2000 en medio de una grave crisis política.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FRAGILIDAD INSTITUCIONAL
Fujimori recibe un país que ha conservado cierta estabilidad macroeconómica pese a la permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. El Banco Central proyectó un crecimiento del 3,4% para 2026, sostenido por la demanda interna, la inversión y las exportaciones mineras.
Sin embargo, el nuevo gobierno enfrentará el avance del crimen organizado, las consecuencias de los fenómenos climáticos sobre la agricultura y la pesca, la desigualdad y la desconfianza ciudadana.
La mandataria designó al economista Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, mientras que Luis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros. Carlos Espá encabezará la Cancillería. Las nominaciones anticipan continuidad en la disciplina fiscal, una orientación económica liberal y un mayor acercamiento a Estados Unidos.
La ceremonia contó con la presencia del rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Yamandú Orsi, Rodrigo Paz y Nasry Asfura.
Más allá del simbolismo regional, la principal prueba para Fujimori será interrumpir la sucesión de crisis que ha convertido a Perú en uno de los países políticamente más inestables de América Latina. El regreso del fujimorismo ya es un hecho; ahora deberá demostrar que puede ofrecer la gobernabilidad que prometió.
HOY KEIKO FUJIMORI ASUMIO LA PRESIDENCIA DE PERÚ
EN TEORÍA TIENE MANDATO HASTA 2031 pic.twitter.com/TwJ6C6uVbB
— Serafín De Las Fuerzas Del Cielo (@FrancoAbrazo) July 28, 2026
