«La determinación que tomamos respecto del Memorándum N°1886 en cuanto al trámite de la legalización del documento, que no exime del documento, se fundamenta en argumentos legales que sostenemos y vamos a sostener en las instancias que quedan por delante y en los sumarios que se aperturen», dijo el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones Luis Thayer durante la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara respecto de los procesos reunificación familiar de niños haitianos que se concretaron durante su periodo y fueron alertados como eventual tráfico de menores.
«Vamos a defender nuestros argumentos que no solo están en la defensa del interés superior del niño, en la obligación de defenderlo, sino también en las facultades que otorga el estatuto administrativo a las jefaturas de servicio», agregó.
Explicó las decisiones adoptadas durante su gestión para permitir el ingreso de niños haitianos bajo procesos de reunificación familiar, pese a que la Contraloría concluyó que el organismo que dirigía él en ese entonces.
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En la sesión estaba también la contralora Dorothy Pérez, quien expuso el informe final del organismo fiscalizador respecto a esta materia. El documento advierte de incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar de os niños haaitianos, y que Thayer actuó ilegalmente al flexibilizar requisitos establecidos por ley.
Explicó que la imposibilidad material de obtener ciertos documentos en Haití, especialmente aquellos que requerían apostilla o trámites consulares, hacía inviable el proceso para cientos de familias.
“La imposibilidad de obtener ese documento y la no tramitación de las visas, en ese momento, nos lleva indefectiblemente a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar”, sostuvo.
Por lo mismo, defendió la decisión de eximir temporalmente algunos procedimientos consulares.
«COBARDÍA POLÍTICA»
Respecto de la filtración del preinforme- que levantó una alerta a nivel nacional- el exdirector de Migraciones criticó que no hay «un acto de irresponsabilidad pública y de cobardía política más grande que ese desde el retorno a la democracia en Chile, porque no solo expuso a menores de edad, sus datos personales, sino que además expuso la propia investigación y a la sociedad a una alarma pública absolutamente desmesurada e injustificada».
Thayer afirmó que todo lo que se hizo durante su gestión respecto de los menores haitianos fue considerando el interés superior del niño, que «choca en la propia Ley de Migración y Extranjería con, por ejemplo, la posibilidad y la obligación de regularizar a niños sin documentos de identidad».
«La ley lo establece, hay una tensión importante, jurídica, en términos de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documentos y la obligación, al mismo tiempo, de regularizarlo», manifestó.
A juicio del sociólogo, existe una tensión en la práctica y es la dirección del Servicio Nacional de Migraciones la que «debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, jurídicos, pero también morales».
Tras afirmar que ha existido «una desmesura enorme respecto del tratamiento de un tema que requiere la máxima racionalidad y rigor en la información» dijo que se han dicho «cuestiones públicamente que luego se han descartado con una impunidad y una irresponsabilidad por parte de actores políticos y comunicacionales».
