El Caso Factop avanzó luego de que la Fiscalía solicitara fijar una audiencia para discutir un procedimiento abreviado contra Álvaro Jalaff, exsocio de Grupo Patio.
El fiscal Juan Pablo Araya propuso realizar la audiencia el 27 de julio para analizar la continuidad del proceso mediante un procedimiento abreviado.
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Tras recibir el requerimiento, el juez Nicolás Flores dispuso la reserva de una sala en el Centro de Justicia para que las partes debatan la solicitud presentada por el Ministerio Público.
Este nuevo episodio del Caso Factop ocurre después de que el fondo británico Global SME Growth, uno de los principales acreedores del factoring, desistiera de las dos querellas que mantenía contra Álvaro Jalaff.
El caso se remonta a abril de 2024, cuando el 7° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de Factop, informando pasivos superiores a $59 mil millones. En ese proceso también se reconoció una deuda de más de $5.500 millones con el fondo extranjero.
Posteriormente, en enero de 2025, la Fiscalía formalizó a 19 personas en el marco del Caso Factop, incluyendo a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. Al primero se le imputaron delitos tributarios, estafa y lavado de activos, mientras que Antonio enfrentó cargos por delitos tributarios, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, estafa, administración desleal y cohecho. Este último cargo fue posteriormente descartado por el Ministerio Público.
En paralelo, Álvaro Jalaff modificó su estrategia judicial a comienzos de 2026 y presentó una querella contra Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg, fundadores de Factop, acusándolos de estafa y fraude informático.
Según la acción judicial, los controladores del factoring habrían utilizado el nombre y el RUT de sociedades ligadas a Jalaff para emitir más de 500 facturas ideológicamente falsas sin su autorización, generando operaciones que superaron los $4.984 millones.
La querella también sostiene que los imputados habrían accedido de manera irregular a las claves tributarias de las empresas vinculadas a Jalaff en el Servicio de Impuestos Internos (SII), utilizando un mecanismo denominado «triple check», uno de los antecedentes que ahora forman parte de la investigación del Caso Factop.
