No basta decir que Chile encarcela más. Hay que mirar tras las rejas para entender por qué las cárceles no dan abasto. Con ACOT nos desplazamos en un ida y vuelta entre hacinamiento y mano dura. Pero, ¿qué cambió en una década?
Las cárceles chilenas superaron los 65 mil internos, pero el hacinamiento cuenta solo el final de la historia. En la última década aumentó la tasa de encarcelamiento, prácticamente se duplicaron los imputados en prisión preventiva y creció fuertemente la presencia extranjera. Al mismo tiempo, sucesivas reformas endurecieron la respuesta penal.
Chile tiene hoy más de 65 mil personas privadas de libertad. Mirada aisladamente, la cifra describe el tamaño actual del sistema penitenciario. Comparada con su evolución durante la última década, plantea preguntas bastante más profundas.
En 2013 había 45.191 personas recluidas durante las 24 horas. La cifra bajó progresivamente hasta 41.486 en 2018, volvió a subir a 43.355 en 2019 y cayó a 39.198 durante 2020. El 2021 permanecía en 39.579. Después, la curva cambió abruptamente.
Gendarmería registró 45.702 personas privadas de libertad al cierre de 2022; 53.536 en 2023 y 59.180 en 2024. En apenas tres años el sistema sumó casi 20 mil internos. Hoy ya superan los 65 mil.
Chile volvió a encarcelar más
La población nacional también aumentó durante esos años. Sin embargo, eso no explica por sí solo el fenómeno. La tasa de encarcelamiento descendió desde 259 personas por cada 100 mil habitantes en 2013 hasta 198 en 2021. Después saltó a 214 en 2022, 250 en 2023 y 290 durante 2024.
La pandemia obliga a observar con cautela los mínimos de 2020 y 2021. Pero la recuperación posterior no se limitó a regresar a los niveles previos: los superó. La primera conclusión aparece entonces antes de mirar siquiera la capacidad de las cárceles: Chile volvió a encarcelar proporcionalmente a más personas.
Pero ¿a quiénes?
El salto de la prisión preventiva
Una parte relevante de la respuesta aparece cuando se separa a condenados de imputados. El 2013, Gendarmería registraba 10.664 personas en prisión preventiva. En marzo de 2024 eran 20.704. Entonces, en once años, prácticamente se duplicaron.
El promedio mensual de 2024 llegó a 20.987 imputados en prisión preventiva, frente a 35.665 condenados recluidos durante las 24 horas. Eso significa que más de uno de cada tres internos de esas categorías permanecía encarcelado sin condena ejecutoriada.
Aquí la discusión penitenciaria abandona necesariamente las cárceles e ingresa a los tribunales. La reforma procesal penal concibió la prisión preventiva como una medida cautelar y no como una pena anticipada. Su fuerte crecimiento obliga entonces a preguntar qué cambió.
¿Menos garantismo o nuevas reglas?
Sería apresurado atribuir el fenómeno exclusivamente a un cambio de criterio de los jueces. También cambió la ley.
En diciembre de 2023 se promulgó una reforma al Código Procesal Penal que amplió y precisó los criterios que los tribunales pueden considerar al resolver una prisión preventiva. Incorporó factores como detenciones múltiples anteriores por determinados delitos, uso de armas de fuego y pertenencia a organizaciones criminales.
El endurecimiento tampoco comenzó entonces, pues durante las últimas décadas distintas reformas fueron modificando las reglas y criterios aplicables a esta cautelar. Por eso, preguntarse si Chile abandonó progresivamente parte de la lógica garantista que inspiró la reforma procesal penal requiere mirar no solamente a los tribunales. También obliga a observar al Congreso y las sucesivas agendas de seguridad.
Las otras cautelares siguen funcionando
Existe, sin embargo, otra pregunta. ¿Por qué encarcelar preventivamente a tantas personas si el Código Procesal Penal contempla medidas menos gravosas como arresto domiciliario, firma periódica, arraigo y prohibiciones de acercamiento?
Los datos del Ministerio Público muestran que esas alternativas continúan utilizándose masivamente. Entre enero y junio de 2025 los tribunales decretaron 40.838 medidas cautelares del artículo 155. Durante esos mismos seis meses otorgaron 13.097 prisiones preventivas.
Las alternativas, por tanto, no desaparecieron. Lo que todavía falta establecer es otra cosa: cuánto se incumplen, cómo se fiscalizan y si las dificultades para controlar efectivamente algunas de ellas están empujando a fiscales y tribunales hacia la alternativa más severa. Sin esos antecedentes, afirmar que las cautelares alternativas fracasaron sería adelantar la conclusión.
Presos sin condena
El aumento de la prisión preventiva tiene además otro efecto. La Defensoría Penal Pública informó que entre enero y julio de 2024 hubo 1.226 personas que estuvieron privadas de libertad durante la investigación y finalmente terminaron sus causas manteniendo su estado de inocencia.
Entre ellas había 152 extranjeros, 150 mujeres y 25 adolescentes. La cifra de la Defensoría Penal Pública no demuestra por sí misma que esas prisiones preventivas fueran ilegales o injustificadas al momento de decretarse. Una cautelar se resuelve con los antecedentes disponibles durante la investigación y no con el resultado conocido posteriormente.
También muestra el costo que implica recurrir a una medida que priva de libertad antes de una sentencia definitiva. El jurista inglés William Blackstone, inmortalizó con una frase la importancia del sistema garantista: «es mejor que diez culpables escapen a que un inocente sufra». Pero en Chile una persona que estuvo en prisión preventiva puede terminar sin condena por caminos jurídicamente muy distintos: absolución, sobreseimiento definitivo, decisión de no perseverar, principio de oportunidad, salida alternativa en determinados supuestos, exclusión o insuficiencia de prueba, prescripción, problemas procesales, entre otros.
También cambió quién está en la cárcel
A esta transformación procesal se suma otra. La composición de la población penitenciaria. Hace una década los extranjeros constituían una fracción relativamente pequeña de los internos. Actualmente representan aproximadamente uno de cada seis.
Su fuerte crecimiento explica una parte del aumento de la población penal, particularmente en determinadas regiones. Pero no permite atribuirles todo el fenómeno. Los chilenos encarcelados también aumentaron.
La pregunta relevante no consiste entonces en escoger una explicación única, sino en determinar cuánto aporta cada una: inmigración, prisión preventiva, evolución del delito, modificaciones legislativas, duración de los procesos y política criminal.
Y entonces llegamos al hacinamiento
Recién después de recorrer esa historia aparece la capacidad penitenciaria. Chile tiene más de 65 mil personas privadas de libertad en una infraestructura que no creció al mismo ritmo. La consecuencia es una ocupación nacional cercana al 150%, con establecimientos que superan ampliamente ese promedio.
Construir nuevas cárceles puede reducir esa presión y mejorar las condiciones de reclusión. Pero las nuevas plazas responden una sola de las preguntas. Porque si continúa creciendo la cantidad de personas que el sistema penal envía a prisión, la discusión no puede limitarse a determinar cuántas cárceles debe construir Chile.
Debe preguntarse también por qué necesita encarcelar cada vez a más personas. La fotografía muestra cárceles sobrepobladas. La película muestra algo bastante más complejo: una tasa de encarcelamiento que volvió a crecer, una prisión preventiva que prácticamente duplicó su población en poco más de una década, una composición penitenciaria distinta y un ordenamiento jurídico que también endureció progresivamente su respuesta frente al delito.
El hacinamiento puede ser, entonces, menos la enfermedad que el síntoma visible de una transformación mucho más profunda del sistema penal chileno.
¿ACOT es la respuesta?
La discusión dejó de ser teórica. El Gobierno de José Antonio Kast acaba de poner en marcha la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Un paquete de más de 30 iniciativas que endurece la respuesta estatal frente al delito (11 de ellas modificarían la Constitución). El Ejecutivo propone aumentar penas, fortalecer las facultades policiales, establecer regímenes penitenciarios diferenciados y avanzar en nuevas restricciones para condenados por crimen organizado y terrorismo. Al mismo tiempo, proyecta sumar 20 mil plazas penitenciarias hacia 2030.
En la denominada Operación Cancerbero el Gobierno trasladó cerca de 300 internos de alta peligrosidad hasta el penal de La Laguna. Convirtió el procedimiento en una señal pública de lo que denomina un cambio de mano en seguridad. La discusión, sin embargo, excede la forma en que se exhibió el operativo. Chile enfrenta hoy cárceles sobrepobladas y una población penal que volvió a crecer aceleradamente, mientras el Ejecutivo responde con más infraestructura, mayor seguridad penitenciaria y un endurecimiento de su política criminal.
Entre las propuestas conocidas aparece incluso la suspensión de determinadas prestaciones estatales para ciertos condenados. La iniciativa que ya provocó reparos constitucionales dentro del propio oficialismo. Allí surge una frontera que ninguna política de seguridad puede eludir. Una cosa son los beneficios susceptibles de limitarse por ley y otra los derechos fundamentales que una persona conserva aun estando condenada y privada de libertad. La seguridad y el castigo penal no suspenden por sí mismos el Estado de Derecho.
La paradoja queda planteada. Chile necesita controlar sus cárceles, enfrentar organizaciones criminales y proteger a la sociedad. Pero llega a esta nueva política con más de 65 mil personas privadas de libertad y una prisión preventiva que creció fuertemente durante los últimos años. El propio programa que llevó a Kast a La Moneda prometió que miles de delincuentes llenarían las cárceles y proclamó el fin del garantismo. ACOT puede representar una respuesta frente al avance del crimen organizado. La pregunta que queda abierta es si más cárcel y menos garantías resolverán una crisis penitenciaria que los propios números muestran que Chile ya arrastraba antes de comenzar a endurecer nuevamente su respuesta penal.
