El Gobierno ingresó a través del Senado, con suma urgencia, el proyecto de reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el presidente José Antonio Kast.
La propuesta plantea que la Carta Fundamental establezca que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber primordial del Estado.
El plan ACOT contempla tres modificaciones sustanciales.
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Primero, incorpora la seguridad pública en el artículo 1 de la Constitución como una obligación del Estado. En otros aspectos, contempla también un listado de organizaciones criminales y terroristas, asociado a una nueva tipificación penal de pertenencia a estas agrupaciones. Como tercer punto, introduce un estado de excepción constitucional inédito, que el presidente podrá decretar ante situaciones de grave alteración de la seguridad pública.
Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que se trata de «una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, para dar algunas funciones y atribuciones nuevas en términos de seguridad. Son herramientas nuevas».
A su juicio, el tema de la delincuencia debe abordarse con una lógica distinta a los debates económicos, y adelantó que el Ejecutivo espera un respaldo «más o menos amplio» en el Congreso.
A pesar de que tras los procesos constituyentes de 2022 y 2023 existía consenso en el mundo político sobre no insistir en debates constitucionales, el Ejecutivo argumentó que no se trata de una modificación de carácter refundacional, sino de adecuaciones precisas para dotar a las instituciones de instrumentos de persecución penal más ágiles.
KAST: «ESTA REFORMA NOS PERTENECE A TODOS»
Desde La Moneda y previo a la firma del proyecto, el presidente José Antono Kast maanifestó su esperanza de que haya un «debate amplio, pero también con mucho respeto solicitamos que sea rápido, porque tenemos que avanzar en esta agenda”.
“Cuando asumimos el gobierno, quien habla junto a este gran equipo de ministros, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data. Esto no es atribuible a la gestión o no gestión de un solo gobierno”, expuso el madatario.
Kast aseguró que “esta reforma no le pertenece a un gobierno. Nos pertenece a todos. Chile nos pertenece a todos y por eso la invitación que le hago al Parlamento, a partir de la firma de este proyecto de reforma constitucional, para discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante porque es una urgencia total de nuestra nación”.
