La Contraloría General de la República detectó $796.440 millones en saldos contables que permanecen sin movimiento en organismos públicos y municipales, según un análisis realizado mediante su herramienta de datos Radar.
Lea También: Daniel Núñez asegura que la reforma de seguridad está muerta
Los recursos corresponden a cuentas financieras que no registran movimientos desde distintos años entre 2020 y 2024 y que continuaban inactivas a marzo de 2026.
Del monto total, $641.954 millones pertenecen a organismos del sector público, mientras que otros $154.486 millones corresponden al ámbito municipal. La información fue obtenida desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), administrado por la Contraloría.
Cuentas por cobrar concentran la mayor parte
El organismo fiscalizador aclaró que la existencia de saldos sin movimiento no implica, por sí misma, una irregularidad. Sin embargo, advirtió que mantener estos montos durante largos períodos puede generar distintos riesgos para la administración de los recursos estatales.
Uno de ellos corresponde a la eventual pérdida de recursos cuya recuperación requiere acciones de cobranza. También existe el riesgo de que fondos transferidos permanezcan sin ser utilizados para los objetivos establecidos o que la información financiera de las instituciones pierda actualidad y confiabilidad.
El análisis de la Contraloría reveló además que más del 90% de los recursos identificados corresponde a cuentas por cobrar. Esto significa que dichos montos no representan dinero disponible de forma inmediata, sino recursos cuya recuperación depende de gestiones posteriores.
Esta situación puede aumentar el riesgo de que determinadas deudas resulten incobrables o incluso que sus montos prescriban si las entidades no realizan oportunamente las acciones correspondientes.
Entidades deberán revisar los saldos
Los antecedentes serán enviados directamente a los organismos involucrados para que revisen cada situación y adopten las medidas que correspondan.
Entre las acciones que podrían implementar se encuentran la realización de gestiones de cobranza, la regularización de saldos inactivos y el fortalecimiento de los mecanismos destinados al control y seguimiento de estos recursos.
La Contraloría también busca que las instituciones mejoren la calidad de sus registros financieros y avancen hacia un uso más eficiente de los recursos públicos.
Finalmente, los resultados obtenidos mediante Radar podrán ser utilizados como antecedente para futuras labores de fiscalización y control que realice el organismo.
