Preguntarse si sabía Kast lo que estaba negociando con Argentina, puede parecer excesivo. Sin embargo, no debería serlo. José Antonio Kast recibió esta semana a Javier Milei en La Moneda en medio de una controversia que toca uno de los asuntos más sensibles entre Chile y Argentina: la soberanía en el extremo austral.
La reunión terminó con una declaración conjunta que el Gobierno presentó como un avance. Argentina reconoció expresamente que los tratados de 1881 y 1984 se encuentran plenamente vigentes, tienen carácter definitivo y establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.
Mirada así, es una buena declaración.
Pero hay un problema elemental: Chile ya era soberano sobre la totalidad del Estrecho antes de que Milei llegara a La Moneda. Chile no obtuvo territorio. No consiguió un nuevo derecho. Tampoco resolvió una controversia limítrofe pendiente. Argentina simplemente reconoció aquello que dos tratados internacionales vigentes y definitivos establecían desde hace décadas.
Lo que Chile sí tenía pendiente era otra cosa. Y eso sigue pendiente.
El decreto que Milei no derogó
Si, el Decreto 457 argentino permanece vigente. También sigue en su cargo el general Gustavo Valverde que habló de compartir soberanía con Chile, aunque se haya excusado. Y no se ha desmentido al canciller trasandino que inmediatamente firmado el acuerdo, declaró que Argentina es un país bioceánico. No se trata de declaraciones desafortunadas ni de las palabras improvisadas de una autoridad. Es una Directiva de Política de Defensa Nacional aprobada por el Estado argentino en 2021.
Su texto del Decreto 457 califica al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como “espacios compartidos”. Igualmente considera fundamental continuar fortaleciendo su “exploración, estudio y control conjunto” con Chile. La misma directiva explica por qué los considera estratégicos: son vías naturales entre los océanos Atlántico y Pacífico y puntos privilegiados de acceso a la Antártica.
Argentina ha anunciado su disposición a modificar esa directiva. El propio Gobierno chileno señaló antes de la visita que el cambio estaría preparado. Sin embargo, Milei llegó a Santiago, se reunió con Kast y regresó a Buenos Aires sin derogarla. De paso, Kast había anticipado que no se lo exigiría.
Entonces resulta inevitable hacer el balance: Chile obtuvo una declaración que reconoce un derecho que ya tenía y dejó pendiente el acto argentino que precisamente había provocado la controversia.
No es el primer episodio
Sería más sencillo interpretar el Decreto 457 como una anomalía si estuviera solo. Pero, no lo está.
Hace pocos días, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, habló del extremo austral, del Estrecho, del Drake y de soberanía. Sus palabras provocaron una protesta chilena y obligaron a Buenos Aires a aclarar su posición.
Kast y Milei intentaron cerrar la controversia reafirmando los tratados. Pero apenas horas después apareció una nueva expresión. El canciller argentino Pablo Quirno afirmó que Argentina es un país “bicontinental, bioceánico”.
Quirno no hablaba de una carretera comercial entre Brasil, Argentina y puertos chilenos. Se refería al fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur, Ushuaia y la proyección hacia la Antártica.
¿Otro exabrupto? Bullrich agrega un nuevo episodio
Puede ser. Mientras en Chile se multiplicaban las reacciones a Quirno, desde Argentina apareció otra declaración. Patricia Bullrich defendió en Radio Mitre el fortalecimiento de las capacidades militares argentinas en el extremo austral y vinculó esa estrategia con los recursos naturales, Malvinas y la proyección hacia la Antártida.
“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse”, afirmó. Luego enumeró entre los objetivos argentinos “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”.
Pero después de un decreto, las palabras del jefe de una Fuerza Armada y las del ministro encargado precisamente de conducir las relaciones exteriores argentinas, Chile tiene derecho a pedir algo más que explicaciones separadas para cada episodio.
Tiene derecho a preguntar qué significa exactamente para el Estado argentino proclamarse “bioceánico”.
Una palabra con historia
Porque “bioceánico” tampoco nació esta semana. La relación chileno-argentina conoce desde fines del siglo XIX el denominado principio oceánico o bioceánico. El Protocolo Adicional de 1893 estableció que Chile no podía pretender puntos hacia el Atlántico ni Argentina hacia el Pacífico. Con el tiempo, Buenos Aires intentó otorgar a ese principio un alcance mucho mayor en la interpretación de los acuerdos limítrofes.
La discusión reapareció con toda su fuerza durante el conflicto del Beagle. Argentina sostuvo una interpretación del principio oceánico que incidía en la delimitación austral. El Tribunal Arbitral de 1977 no acogió esa tesis y adjudicó a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox.
Argentina declaró insanablemente nulo el laudo. Un año después, ambos países estuvieron al borde de la guerra.
Finalmente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 cerró jurídicamente el conflicto y estableció un régimen definitivo. Nada permite afirmar que el actual Gobierno argentino pretenda desconocer ese tratado ni que las palabras de Quirno constituyan una reivindicación territorial sobre el Pacífico. Pero esa misma historia impide tratar la palabra “bioceánico”, pronunciada por un canciller argentino en este preciso contexto, como si careciera de significado político y diplomático.
El partido no siempre termina con un tratado
Los tratados resuelven fronteras. No necesariamente eliminan intereses geopolíticos. Argentina posee intereses legítimos en el Atlántico Sur, la Antártica y su territorio austral. Chile también los tiene. Precisamente por eso las palabras importan. También importan los actos.
En 2024, instalaciones argentinas levantadas en la frontera se internaron algunos metros en territorio chileno. El entonces Presidente Gabriel Boric no pidió una declaración reconociendo dónde estaba la frontera. Exigió que fueran retiradas y, Argentina las retiró. No fue una cuestión de izquierda o derecha. Fue una cuestión de Estado.
Hoy ocurre algo conceptualmente comparable en otro plano. Existe un acto administrativo argentino que Chile considera incompatible con la situación jurídica del Estrecho. Argentina reconoce que los tratados son definitivos. Entonces debería resultar sencillo adecuar su normativa interna a aquello que dice reconocer internacionalmente. Pero, todavía no ocurre.
Y apareció Malvinas
La declaración Kast-Milei incorporó además la histórica posición chilena respecto de las Malvinas. Chile mantiene desde hace décadas su respaldo a los derechos argentinos sobre las islas y a una solución conforme al derecho internacional. No existe novedad sustantiva en ello.
Pero el documento agregó un elemento que merece atención. Milei valoró los esfuerzos chilenos destinados a evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona disputada.
El Gobierno chileno sostiene que esa formulación no constituye compromiso alguno para Chile y destaca que corresponde exclusivamente a una valoración expresada por Milei. Sin embargo, la distinción es jurídicamente relevante.
Políticamente, queda una pregunta: si Chile no asumía ningún compromiso, ¿Qué interés chileno justificaba incorporar esa formulación argentina en una declaración conjunta? La pregunta adquiere importancia porque Milei anunció inmediatamente una ofensiva contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las islas, incluyendo sanciones contra compañías, accionistas, directores y proveedores.
Y Chile no observa esa disputa desde otro continente. Existe una conexión marítima desde Punta Arenas hacia las islas y LATAM mantiene vuelos regulares. Es decir, decisiones argentinas destinadas a dificultar la logística de las Falkland/Malvinas pueden terminar rozando intereses chilenos.
No basta con decir que los tratados existen
Kast y Milei tienen afinidad política. Ambos participan de una misma corriente internacional y esa cercanía puede resultar incluso útil para las relaciones entre Chile y Argentina. El problema comienza cuando una amistad política amenaza con confundirse con una relación entre Estados.
Kast no recibió a Milei en La Moneda como compañero político. Lo recibió como Presidente de Chile. Y desde esa condición el balance de esta controversia merece una explicación bastante más exigente.
Chile tenía soberanía sobre todo el Estrecho antes de la reunión y continúa teniéndola después. El Decreto 457 estaba vigente antes y continúa vigente después. Chile respaldaba la reivindicación argentina sobre Malvinas antes y volvió a hacerlo después. Argentina incorporó además al documento una referencia a los esfuerzos chilenos respecto de actividades logísticas en las islas.
Y, apenas horas después, su canciller proclamó públicamente el carácter “bioceánico” de Argentina.
Una pregunta que atraviesa a la política chilena
Por eso las reacciones conocidas este sábado han cruzado sectores políticos. No corresponde convertir esta discusión en una disputa entre partidarios y adversarios del Gobierno. La soberanía chilena sobre el Estrecho no pertenece a Kast. Tampoco perteneció a Boric, Piñera, Bachelet, Lagos o Aylwin.
Pertenece a Chile.
Y precisamente porque las relaciones con Argentina deben ser buenas, estables y cooperativas, cualquier ambigüedad debe despejarse ahora y no cuando se haya transformado en un problema mayor. Buenos Aires puede hacerlo fácilmente.
Puede modificar el Decreto 457 y puede explicar qué alcance atribuye su canciller al concepto de Argentina “bioceánica”. También puede dejar inequívocamente establecido que su estrategia respecto de Malvinas no condicionará la navegación ni los intereses legítimos de Chile.
Mientras eso no ocurra, La Moneda tampoco debería presentar como una victoria que Argentina haya reconocido aquello que nunca estuvo jurídicamente en condiciones de desconocer. José Antonio Kast puede compartir ideas, espacios políticos y amistades con Javier Milei. Pero fue elegido para representar otra cosa.
Cuando los intereses de su aliado político y los intereses permanentes del Estado dejan de caminar exactamente en la misma dirección, el Presidente de Chile no tiene dos opciones.
Tiene una sola.
