El Gobierno convirtió la austeridad fiscal en uno de los argumentos centrales de sus primeros meses en La Moneda. Recortes, estrechez presupuestaria y un Estado obligado a gastar mejor porque, según el diagnóstico oficial, los recursos no alcanzan. Pero transmitir en vivo la Operación Cancerbero costó $18.549.720. Para muchos, Cancerbero se transformó en el millonario show del traslado de reos a Talca.
Así consta en antecedentes obtenidos por Interferencia mediante Transparencia, que revelan cuánto pagó el Estado para mostrar por los canales oficiales del Gobierno el traslado de reclusos de alta peligrosidad hacia la cárcel La Laguna de Talca.
No se cuestiona el operativo. Tampoco la necesidad de trasladar internos ni las medidas de seguridad empleadas. La pregunta es otra: ¿era necesario gastar $18,5 millones para televisarlo?
Seguridad o puesta en escena
La Operación Cancerbero se realizó el 13 de agosto y trasladó inicialmente a 191 internos desde distintos establecimientos penitenciarios hasta Talca. El Gobierno de Kast –que lo consideró histórico– decidió convertir el procedimiento en un acontecimiento comunicacional. Hubo transmisión oficial, circuito cerrado de televisión, dirección televisiva y unidad móvil.
Según Interferencia, Presidencia pagó $18.549.720, IVA incluido, a La Oreja Lab SpA por esos servicios. El desembolso se efectuó mediante una orden de compra emitida el 26 de agosto y utilizando un contrato de “servicios de producción general”.
No hubo una licitación específica para transmitir Cancerbero. El antecedente tiene una particularidad adicional. El actual Gobierno amplió en un 30% aquel contrato el 28 de julio, argumentando la necesidad de mantener la “continuidad operativa” mientras desarrolla un nuevo proceso licitatorio.
Contraloría tomó razón de esa modificación precisamente el 13 de agosto: el mismo día de la operación. La empresa, por cierto, atraviesa gobiernos. Interferencia estableció que desde 2025 acumula $1.093 millones en 141 órdenes de compra.
Cuando los millones sí aparecen
El gasto adquiere otra dimensión cuando se compara con el discurso que ha acompañado las restricciones presupuestarias. En marzo, Dipres estableció que los asesores estratégicos del Presidente pueden recibir honorarios brutos mensuales de hasta $9.963.058 si cumplen los requisitos establecidos. Para asesores de ministros del comité político, el límite puede alcanzar $8.199.480.
No significa que todos cobren esas cantidades ni que esos montos sean ilegales. Significa que el Gobierno que exige austeridad abrió márgenes elevados para remunerar a quienes considera necesarios en tareas estratégicas.
Esta semana apareció otro caso. Se trata de Cristóbal Soto Fuentes, de 19 años y estudiante de primer año de Periodismo, quien figura contratado a honorarios por el Ministerio del Interior para desempeñar funciones de “Redes Sociales y Apoyo Comunicacional”.
De acuerdo con Transparencia Activa citada por distintos medios, su remuneración mensual asciende desde mayo a $1,9 millones. En marzo aparece además un pago de $3,23 millones, correspondiente al período inicial informado.
Su edad tampoco constituye una irregularidad ni estudiar Periodismo impide trabajar para el Estado. La pregunta nuevamente es de coherencia. Mientras el Ejecutivo fundamenta decisiones que afectan programas y servicios públicos en la estrechez de las arcas fiscales, encuentra recursos para contratar apoyo comunicacional y destinar $18,5 millones a transmitir televisivamente un traslado penitenciario.
