Un hombre de 73 años quedó en prisión preventiva por su presunta participación en la emisión fraudulenta de 1.482 licencias médicas falsas, que habrían provocado un perjuicio fiscal estimado en $307 millones.
La investigación de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI estableció que el imputado habría participado en la gestión de las licencias entre mayo de 2021 y agosto de 2025.
Pero el caso presenta una particularidad: según el Ministerio Público, el detenido no estaba habilitado para ejercer como médico en Chile. Pese a ello, se habría presentado como psiquiatra, atendido pacientes y realizado diagnósticos. También habría prescrito medicamentos y cobrado alrededor de $80 mil por las consultas.
El intermediario de un “gran emisor”
La investigación que terminó con su detención nació de otra causa iniciada en marzo de 2025 contra un médico acusado de emitir licencias falsas. Ese profesional fue formalizado en mayo pasado por la presunta emisión de 2.455 licencias médicas fraudulentas entre 2022 y 2025, las cuales habrían ocasionado un perjuicio superior a $1.100 millones a Fonasa.
El análisis de un teléfono incautado en esa investigación abrió una nueva línea para los detectives. En el dispositivo encontraron conversaciones que vincularían al hombre de 73 años con la gestión de las licencias. Ambos, además, compartirían una oficina.
El inspector de la Bridec Metropolitana Samuel Insunza explicó que el ahora imputado habría funcionado como intermediario entre quienes buscaban obtener licencias y el médico formalizado anteriormente como gran emisor.
Ya había sido formalizado
Por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la PDI detuvo al hombre y allanó su domicilio en La Florida. Durante el procedimiento, los investigadores incautaron dos computadores portátiles, dos teléfonos celulares y documentación que ahora será analizada.
La policía encontró también documentos y timbres que, según los investigadores, respaldarían la hipótesis de que el detenido se presentaba ante terceros como un profesional cuya condición no estaba validada en Chile.
No era, además, la primera vez que enfrentaba a la justicia por hechos relacionados con el ejercicio de la medicina. En diciembre de 2024 ya había sido formalizado en otra investigación por ejercicio ilegal de la profesión, correspondiente a hechos ocurridos entre 2020 y 2023.
Cuatro delitos bajo investigación
La Fiscalía formalizó al imputado el pasado 3 de septiembre por falsificación de licencias médicas, ejercicio ilegal de la profesión, estafa y fraude de subvenciones, además de un ilícito relacionado con prestaciones pagadas a pacientes de isapres por las licencias investigadas.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición. Ello, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La investigación deberá establecer ahora la participación y responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Los antecedentes conocidos hasta ahora, sin embargo, muestran que la causa ya no se limita a perseguir médicos que presuntamente emitieron licencias sin fundamento. La pesquisa comienza también a reconstruir la estructura que habría permitido conseguir pacientes, gestionar las licencias y transformar su emisión fraudulenta en un negocio.
Un escándalo que ya atravesó al Estado
La nueva investigación aparece cuando el fraude y uso irregular de licencias médicas dejó hace tiempo de constituir una sucesión de casos aislados.
El 31 de agosto, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a 17 personas por una trama que involucró cerca de 80 mil licencias médicas falsas. Nueve de los sentenciados son médicos extranjeros y las penas impuestas a los profesionales llegan hasta los 21 años de presidio efectivo.
La Fiscalía Metropolitana Oriente cifró en $31.571 millones el perjuicio ocasionado a Fonasa. El tribunal acreditó la existencia de estructuras que utilizaron centros médicos de fachada para emitir, comercializar y tramitar licencias falsas entre 2020 y 2022.
Las condenas alcanzaron no solamente a quienes las emitían. También fueron sentenciados captadores y compradores de licencias, por delitos que incluyeron fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos.
Otra investigación de la Fiscalía Centro Norte consiguió en mayo la condena de una médica colombiana que emitió alrededor de 5.700 licencias falsas. Recibió cinco años de presidio, una multa de 700 UTM e inhabilitación para ejercer. Debido a su situación migratoria irregular, el tribunal sustituyó la pena privativa de libertad por su expulsión de Chile y le prohibió regresar durante diez años.
Funcionarios públicos bajo investigación
La otra dimensión del caso apareció desde el Estado. Los cruces realizados por Contraloría revelaron miles de casos de funcionarios públicos asociados a eventuales irregularidades en el uso de licencias médicas y provocaron la apertura de procedimientos disciplinarios en distintos organismos.
Una de las líneas de fiscalización cruzó la información de 44 médicos extranjeros investigados penalmente por vender licencias con las bases de personal de la Administración. Contraloría identificó 10.111 licencias correspondientes a 6.632 personas, de las cuales 3.532 continuaban desempeñándose como funcionarios públicos a junio de 2025.
A ello se sumó el caso de quienes viajaron al extranjero mientras se encontraban con reposo médico, que abrió procesos administrativos en numerosos servicios públicos. Las consecuencias ya dejaron de ser solamente investigaciones. En julio, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la destitución de una funcionaria del Servicio de Salud que había viajado dos veces a Argentina mientras mantenía licencias que ordenaban reposo total en su domicilio.
El Poder Judicial tampoco quedó fuera
Una revisión interna detectó que 692 de sus funcionarios habían salido del país mientras estaban con licencia médica. La situación escaló hasta los magistrados y actualmente la Corte Suprema tramita 58 cuadernos de remoción, aunque cinco de ellos quedaron suspendidos por resoluciones del Tribunal Constitucional.
La Suprema comenzó esta semana a revisar los casos. El procedimiento deberá determinar individualmente si las conductas resultan incompatibles con el requisito constitucional de buen comportamiento exigido para permanecer en el cargo.
De paso, miles de funcionarios públicos que las usaron, han sido sancionados o sumariados. las investigaciones han salpicado incluso a jueces y funcionarios del Poder Judicial, lo que ha remecido a ese órgano del Estado.
