El Gobierno de Argentina intensificó sus acciones contra las compañías relacionadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La Cancillería inició procedimientos administrativos contra 45 personas y empresas por una eventual vulneración de la legislación que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.
Según informó France 24, los investigados todavía no han sido sancionados. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá determinar si participaron directa o indirectamente en operaciones desarrolladas sin autorización de Buenos Aires.
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La medida podría alcanzar a petroleras, accionistas, contratistas y proveedores de servicios. Aunque el Gobierno no difundió la lista, medios argentinos señalaron que incluiría personas y compañías británicas, israelíes, canadienses, estadounidenses, danesas y neerlandesas.
INHABILITACIONES DE HASTA VEINTE AÑOS
La ofensiva se sustenta en la Ley 26.659, vigente desde 2011, que prohíbe explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado. La norma también contempla sanciones contra quienes presten apoyo financiero, comercial, logístico, técnico o de consultoría a esas actividades.
Las empresas declaradas responsables pueden quedar inhabilitadas para operar en Argentina por un periodo de entre cinco y veinte años. La legislación ya fue aplicada contra Rockhopper Exploration en 2013 y Navitas Petroleum en 2022, aunque las sanciones no detuvieron el desarrollo de sus proyectos en las aguas cercanas al archipiélago.
El Ejecutivo también publicó el Decreto 868/2026, que entrega a la Cancillería la responsabilidad de tramitar los expedientes. Los organismos públicos deberán informar en un plazo máximo de cinco días hábiles cualquier actividad que pueda constituir una infracción.
SEA LION CONCENTRA LA DISPUTA
El principal objetivo de la estrategia argentina es el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas, aproximadamente a 220 kilómetros de las islas. La iniciativa es operada por Navitas Petroleum y cuenta con la participación de Rockhopper Exploration.
Las compañías adoptaron su decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectan iniciar la extracción de petróleo en marzo de 2028. Frente a ese avance, la Casa Rosada pretende extender la presión hacia los accionistas, contratistas y proveedores necesarios para desarrollar el yacimiento.
Milei también anunció que enviará al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto buscará ampliar las sanciones y aplicarlas a otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
PROVEEDORES INTERNACIONALES DESCARTAN PARTICIPAR
La presión argentina consiguió el respaldo de SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres de las principales empresas de servicios petroleros del mundo. Las compañías aseguraron que no participan ni contemplan intervenir en proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas.
El Gobierno apuesta a que las oportunidades comerciales ofrecidas por Vaca Muerta lleven a los proveedores internacionales a privilegiar sus operaciones en territorio continental argentino y mantenerse alejados de proyectos como Sea Lion.
La estrategia también recibió el apoyo de organizaciones empresariales argentinas, que calificaron la reivindicación sobre las Malvinas como una causa permanente e irrenunciable. El Reino Unido, en tanto, rechazó las medidas y reiteró que mantendrá la administración del archipiélago mientras así lo decidan sus habitantes.
Fuerte apoyo de los argentinos al Presidente @JMilei y a su posición sobre Malvinas.
El mensaje es contundente. Queremos una Argentina grande, que defienda nuestra soberanía con firmeza y sea respetada en el mundo.
Las Malvinas son argentinas. https://t.co/yvKQp8PK1v
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 6, 2026
