El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que su cartera otorgó rebajas de condena a dos internos de Punta Peuco, uno sentenciado por secuestro calificado y otro por tortura. La autoridad sostuvo que la decisión respondió al mismo criterio jurídico utilizado para aprobar beneficios a 56 condenados por delitos sexuales contra menores.
“Es cierto, Ramón, y de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley”, afirmó durante una entrevista.
El secretario de Estado aseguró que distintas administraciones han concedido estas rebajas a militares condenados. Respecto del gobierno de Gabriel Boric, señaló, sujeto a su recuerdo, que los rechazos fueron revertidos por la Corte Suprema en al menos cuatro casos.
DEFIENDE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO
Consultado por las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, Rabat explicó que la modificación legal de febrero de 2022 excluyó expresamente a estos sentenciados del beneficio. Sin embargo, sostuvo que esa restricción no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los delitos antes del cambio normativo.
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Según el ministro, la cartera fundamentó su decisión en disposiciones constitucionales, normas legales, tratados internacionales y fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.
Rabat reconoció que los decretos fueron una decisión del Ministerio de Justicia, adoptada dentro de sus competencias. Ante la pregunta de si consideraba un error haber aprobado las rebajas sin esperar una resolución judicial, respondió: “Yo creo que lo relevante es estar tranquilo en que se ha respetado la Constitución y la ley”.
DEBATE SOBRE EL ALCANCE DE LOS FALLOS
Rabat reconoció que las sentencias tienen efectos particulares, pero sostuvo que la justicia mantiene una doctrina reiterada favorable al beneficio. Afirmó que un 93% de las resoluciones analizadas respaldó su otorgamiento y mencionó 276 casos de la administración anterior en los que, según explicó, los tribunales revirtieron los rechazos.
Los entrevistadores también citaron las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Chevesich, quien señaló que el ministro dictó los decretos en ejercicio de sus facultades y que el tribunal analiza cada caso concreto. Rabat respaldó sus palabras, aunque insistió en que existe una doctrina judicial sobre esta materia.
