Las rebajas de condena otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores motivaron llamados de la UDI y del Partido Socialista para que el Ministerio de Justicia revise los beneficios concedidos. Aunque ambos sectores plantearon dejar sin efecto estas decisiones, sus declaraciones presentan diferencias sobre los fundamentos y el alcance de las medidas que solicitan.
Las diputadas UDI Flor Weisse, Marlene Pérez, Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo pidieron al Ejecutivo evaluar la viabilidad jurídica de revocar los 56 decretos que, según señalaron, han permitido reducir penas desde el 11 de marzo.
El PS, en tanto, exigió la revisión e invalidación de todos los decretos que contravengan la ley, la publicación de los antecedentes que sustentaron las rebajas y la determinación de las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.
UDI PLANTEA REVISAR BENEFICIOS YA OTORGADOS
Las parlamentarias gremialistas anunciaron un proyecto para permitir, de manera excepcional, la aplicación retroactiva de la reforma aprobada en 2022 que prohíbe acceder a rebajas de pena a condenados por abuso sexual y violación contra menores.
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Según su declaración, existen sentencias de la Corte Suprema que han rechazado aplicar esa restricción a casos anteriores a su entrada en vigencia, aunque sostuvieron que el máximo tribunal también ha utilizado un criterio distinto.
Como antecedente, mencionaron la revisión de pensiones de gracia vinculadas al estallido social durante la administración anterior. Sin embargo, reconocieron que ambas situaciones pueden presentar diferencias y que cualquier decisión debe ajustarse a la ley.
“Lo que no podemos hacer es renunciar a buscar una solución que evite que este tipo de criminales se vean beneficiados producto de una interpretación ambigua”, señalaron.
Además, llamaron a la oposición a no obtener provecho político de la controversia y a concentrarse en soluciones que eviten nuevas situaciones de este tipo.
PS AMPLÍA CUESTIONAMIENTO A CONDENADOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El Partido Socialista expresó su “más categórico rechazo” a los decretos del Ministerio de Justicia y sostuvo que los beneficios también alcanzarían a internos de Punta Peuco condenados por tortura y secuestro calificado.
La colectividad cuestionó al Gobierno por la distancia entre sus compromisos de protección de la infancia y las decisiones adoptadas. Asimismo, dirigió sus críticas al ministro de Justicia por su anterior desempeño como abogado defensor de Augusto Pinochet.
“No aceptaremos que, mediante decisiones administrativas, se debilite la justicia, se desconozcan los derechos de las víctimas o se vulneren las obligaciones internacionales del Estado de Chile”, afirmó el partido.
Así, ambas declaraciones suman presión para revisar las rebajas ya concedidas: la UDI solicita explorar una vía jurídica para revocarlas, mientras el PS exige invalidar los decretos contrarios a la ley y esclarecer las responsabilidades por su otorgamiento.
Ministro Rabat dice que Kast no sabía de las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad 🤡🤡🤡 https://t.co/18GE7HGvmF
— Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) October 23, 2026
