La persecución del crimen organizado enfrenta una contradicción que trasciende el discurso político. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast declara una lucha frontal contra las mafias, el narcotráfico y la corrupción, su sector ha rechazado iniciativas destinadas a facilitar el acceso a información bancaria para rastrear el dinero de estas organizaciones. Hoy, la fiscalía supraterritorial cuestiona las trabas al levantamiento del secreto bancario.
El fiscal supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, volvió a poner el problema sobre la mesa este domingo. En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, cuestionó las restricciones legales que enfrenta la investigación financiera y planteó cambios para simplificar los procedimientos.
Su advertencia apunta a una cuestión fundamental: las organizaciones criminales no mantienen necesariamente sus recursos inmóviles mientras los investigadores tramitan autorizaciones. El dinero circula entre cuentas, sociedades y productos financieros, dificultando su seguimiento.
Lo que cuestiona el fiscal
Orellana explicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe solicitar autorización judicial incluso para acceder a información bancaria de empresas públicas cuyos recursos pertenecen al Estado. También cuestionó que se exija una nueva autorización para que la Fiscalía utilice información financiera que la propia UAF ya obtuvo mediante un procedimiento judicial.
A ello se agrega otra limitación: las solicitudes deben formularse cuenta por cuenta, en lugar de permitir un acceso integrado a las operaciones financieras investigadas. Pero el fiscal identificó un problema todavía más relevante: la necesidad de monitorear los movimientos de las cuentas y productos financieros, en vez de limitarse a reconstruir operaciones después de realizadas.
«Cuando uno investiga organizaciones criminales investiga flujos, no depósitos de dinero», sostuvo Orellana. La distinción resulta decisiva. No basta con conocer cuánto dinero pasó por una cuenta si, cuando se obtiene la información, los recursos ya recorrieron varias instituciones o terminaron fuera del alcance de los investigadores.
El dinero puede moverse más rápido que la investigación
La propia UAF ha documentado la complejidad del procedimiento vigente. En una presentación institucional de agosto de 2025, calculó que reconstruir una operación financiera con siete personas naturales, cuatro personas jurídicas y apenas tres niveles de movimientos podía requerir entre 12 y 14 semanas.
El organismo advirtió, además, que las operaciones vinculadas al crimen organizado suelen presentar estructuras mucho más complejas. Esto significa que cada nuevo movimiento detectado puede obligar a solicitar información adicional, prolongando una investigación que necesita actuar oportunamente.
La dificultad no radica necesariamente en la negativa de los tribunales a autorizar las diligencias, sino también en la fragmentación del procedimiento y en los tiempos necesarios para reunir los antecedentes.
La resistencia del oficialismo
El debate tiene una dimensión política difícil de soslayar. En marzo de 2025, cuando la derecha era oposición, sus senadores rechazaron una disposición que buscaba facilitar el acceso de la Fiscalía a información protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa.
La propuesta obtuvo 14 votos favorables y 17 contrarios, todos estos últimos provenientes de la derecha. La controversia reapareció en junio de 2026, esta vez durante el Gobierno de Kast. El Senado rechazó, tras un empate de 24 votos, la disposición que permitiría a la UAF acceder directamente a determinados antecedentes bancarios sin autorización judicial previa.
El Ejecutivo defendió entonces la necesidad de preservar la intervención de un juez como garantía de protección de la vida privada. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó como alternativa mantener ese control judicial, pero agilizar los procedimientos.
La diferencia no es menor. La protección de la intimidad constituye una garantía legítima, pero su aplicación debe examinarse junto con la necesidad de investigar delitos complejos, especialmente cuando se trata de recursos públicos o de operaciones sospechosas previamente comunicadas por los propios bancos.
Una discusión que vuelve al Congreso
La controversia sigue abierta en la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. Durante sus últimas sesiones, representantes de la Fiscalía han propuesto ampliar el alcance de las solicitudes, permitir el monitoreo financiero y facilitar la recuperación temprana de activos.
El Gobierno, por su parte, mantiene su preferencia por la autorización judicial, aunque se ha mostrado dispuesto a revisar mecanismos que permitan acelerar las investigaciones. La discusión, por tanto, no consiste simplemente en escoger entre seguridad y privacidad. Consiste en determinar qué controles son necesarios y cuáles terminan dificultando injustificadamente la persecución penal.
Porque el crimen organizado no se combate únicamente con detenciones, allanamientos y anuncios de endurecimiento de penas. También requiere identificar, inmovilizar y recuperar los recursos que permiten financiar sus operaciones. Y mientras el Estado reconstruye los movimientos del dinero, las organizaciones criminales pueden continuar desplazándolo.
El propio Fiscal Nacional Ángel Valencia ha advertido que el secreto bancario frena la lucha contra la corrupción. La pregunta que el oficialismo debe responder es si las garantías que invoca pueden preservarse sin mantener procedimientos que sus propios persecutores consideran necesario simplificar.
