El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera por su responsabilidad en la aprobación de rebajas de condena. A su juicio, las decisiones afectan la credibilidad del Gobierno y contradicen los compromisos de seguridad que José Antonio Kast asumió durante su campaña.
En una entrevista, Elizalde rechazó la explicación de que el Ejecutivo estaba obligado a conceder estos beneficios por la jurisprudencia de los tribunales. Según sostuvo, las autoridades podían denegar las solicitudes y defender posteriormente esa decisión ante la justicia.
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“Señaló que estaba obligado cuando no estaba obligado”, afirmó el exsecretario de Estado, quien acusó al ministro de justificar su actuación con un argumento falso.
Elizalde sostuvo que los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric rechazaron solicitudes de esta naturaleza. Agregó que la jurisprudencia no había sido uniforme y que los fallos más recientes, según su interpretación, tendían a ratificar la negativa a conceder las rebajas.
CUESTIONAMIENTOS A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El exministro también objetó la suspensión de la tramitación de solicitudes anunciada por la autoridad. A su juicio, el Ministerio de Justicia debía resolverlas y rechazar aquellas correspondientes a condenados excluidos por la normativa.
“Lo que debería haber hecho el gobierno es haber anunciado que se iban a rechazar todas las nuevas solicitudes”, señaló.
En su argumentación, recordó la reforma que restringió el acceso a la reducción de condena para responsables de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Elizalde sostuvo que la voluntad del legislador fue aplicar esa restricción a las solicitudes presentadas después de la publicación de la ley.
Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo reaccionara después de una denuncia periodística. “¿Por qué fue necesario un reportaje que generó el escándalo para que el gobierno tomara esta decisión?”, preguntó.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Elizalde extendió sus críticas al subsecretario de Justicia, a quien atribuyó responsabilidad por la firma y revisión de los decretos. Sostuvo que ambas autoridades debían dejar sus cargos y que, si no lo hacían, correspondía al Presidente solicitar sus renuncias.
“Creo que deben dar un paso al costado”, expresó.
Consultado por una eventual acusación constitucional, evitó pronunciarse sobre su presentación y señaló que esa definición corresponde a los diputados. Sin embargo, afirmó que, a su juicio, las actuaciones del ministro incluyen infracciones legales.
El exsecretario de Estado cerró con un llamado a poner en el centro a las víctimas y sus familias. Planteó que la cartera debe rechazar los beneficios cuando corresponda y sostener esa posición ante los tribunales.
“Los niños, las niñas, los adolescentes que han sido víctimas de estos delitos, sus familias merecen la protección del Estado”, enfatizó.
