Por una cuestión de «lealtad» salió el subsecretario Luis Silva, pero permanece en su cargo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, principal responsable político de las decisiones cuestionadas hasta ahora. La crisis alcanza directamente a La Moneda, mientras el Presidente José Antonio Kast parece dispuesto a asumir el costo de mantenerlo. ¿Un error político o hay algo más?
La salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia dejó al descubierto una contradicción en el manejo gubernamental de la crisis por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales. El Presidente José Antonio Kast decidió removerlo después de que publicara un video sin consultar al ministro Fernando Rabat. Sin embargo, mantuvo en su cargo al secretario de Estado que, según el propio Silva, fijó el criterio jurídico aplicado a los cuestionados decretos.
La decisión tampoco consiguió contener los cuestionamientos políticos ni despejar las responsabilidades por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y al menos a tres criminales de lesa humanidad. Mientras la oposición prepara una acusación constitucional, parlamentarios de derecha también cuestionan la continuidad del ministro. El propio Mandatario ha intervenido para conseguir respaldos y evitar que la ofensiva parlamentaria prospere.
La crisis alcanza así una dimensión que excede al Ministerio de Justicia. La permanencia de Rabat enfrenta al Partido Republicano con sectores de Chile Vamos y compromete directamente la conducción política presidencial. Todo ello ocurre mientras las encuestas registran un amplio rechazo ciudadano a las decisiones adoptadas.
El video que precipitó la salida de Silva
El jueves, Silva publicó una grabación en redes sociales para explicar su participación en la firma de los decretos. Reconoció que había suscrito algunos documentos mientras subrogaba al ministro y sostuvo que actuó siguiendo las instrucciones de su superior. También atribuyó a Rabat la decisión de modificar el criterio jurídico aplicado por el ministerio.
La declaración provocó malestar en el Gobierno porque el subsecretario difundió el registro sin consultar previamente a Rabat. Silva reconoció públicamente que no consideró necesario solicitar esa autorización. Horas después, Kast decidió apartarlo del Ejecutivo.
La Moneda explicó la decisión a través del biministro Claudio Alvarado, quien cuestionó la falta de coordinación interna y defendió la unidad de propósitos del gabinete. Al mismo tiempo, confirmó que Rabat continuaría encabezando la respuesta gubernamental. La explicación dejó abierta una interrogante política: por qué el video precipitó una remoción que los decretos cuestionados no habían provocado.
Un subsecretario fuera y el problema permanece
Tras abandonar el cargo, Silva evitó profundizar en las diferencias que precipitaron su salida. Agradeció al Presidente por la confianza y la oportunidad de integrar el Gobierno. También expresó buenos deseos a Rabat y al equipo del Ministerio de Justicia.
Desde la oposición, el diputado socialista Juan Santana cuestionó que el Gobierno utilizara al subsecretario como un mecanismo para proteger al ministro. Otros parlamentarios plantearon que la remoción respondía a la controversia comunicacional antes que a las decisiones administrativas investigadas. La salida de Silva, sostuvieron, resulta insuficiente mientras no se determinen las responsabilidades correspondientes.
El problema tampoco termina con la remoción de una autoridad que participó en la firma de los documentos. La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por presunta prevaricación administrativa que involucra tanto a Silva como a Rabat. Esa indagatoria deberá establecer si existieron conductas constitutivas de delito.
Las encuestas muestran la magnitud del rechazo
La encuesta Plaza Pública Cadem del 27 de octubre registró un 77% de desaprobación a la gestión de Rabat en este caso. Apenas un 12% aprobó su actuación y un 64% rechazó la decisión presidencial de mantenerlo en el cargo. El sondeo también mostró que un 79% consideró que el ministro no estaba obligado a firmar las rebajas.
El rechazo a los beneficios alcanzó cifras todavía mayores. Un 94% manifestó su desacuerdo con conceder rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Además, un 90% sostuvo que estos condenados nunca deberían acceder a ese beneficio.
La división también aparece entre quienes se identifican políticamente con la derecha. En ese segmento, un 55% respaldó la permanencia de Rabat y un 40% expresó su desacuerdo. Los resultados muestran que el cuestionamiento a las decisiones del Gobierno no se limita a los sectores opositores.
Kast interviene y la derecha profundiza sus diferencias
El Presidente decidió involucrarse personalmente en las gestiones destinadas a sostener al ministro. Según informó La Tercera, Kast llamó a parlamentarios oficialistas después de la sesión especial de la Cámara para agradecer intervenciones favorables y expresar reparos ante otras. Su objetivo político inmediato consiste en reunir apoyos frente a la acusación constitucional que prepara la oposición.
La intervención presidencial ocurre después de que la Cámara aprobara una resolución solicitando la salida de Rabat. La iniciativa obtuvo 68 votos favorables, 42 contrarios y siete abstenciones. Entre quienes respaldaron la petición figuraron parlamentarios vinculados al oficialismo, incluidos Hotuiti Teao y Marlene Pérez. Incluso el propio presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, se abstuvo.
El episodio intensificó las diferencias entre la UDI y el Partido Republicano. Dirigentes republicanos cuestionaron públicamente las críticas de sus aliados, mientras parlamentarios gremialistas respondieron rechazando esas recriminaciones. La controversia llegó al punto de que diputados de la UDI emplazaron a sus socios a aclarar si pretendían que abandonaran el Gobierno.
La responsabilidad política llega al Presidente
El respaldo de Kast a Rabat introduce una dimensión adicional al conflicto. La permanencia del ministro ya no depende solamente de sus explicaciones jurídicas, sino también de una decisión presidencial expresamente ratificada. Por eso, las críticas comienzan a dirigirse hacia la conducción política de La Moneda. También a preguntarse cuál fue el verdadero rol de Kast en esta operación.
El diputado Nelson Venegas (PS) aseguró que «Resulta impresentable que (el) subsecretario salga por declaración y no por haber firmado rebaja de pedófilos. Rabat sigue en su cargo. Llama la atención, y alimenta sospechosas especulaciones. ¿Qué será lo que pasa que el presidente no hace lo que para todos es lógico?»
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, advirtió que el apoyo presidencial modifica la distribución habitual de los costos políticos de una crisis ministerial. Según planteó, cuando un Mandatario respalda explícitamente a un ministro cuestionado, también asume las consecuencias de mantenerlo. La observación adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que parlamentarios oficialistas respalden la acusación constitucional.
El Gobierno, por su parte, sostiene que no existen fundamentos para acusar constitucionalmente a Rabat. También argumenta que el ministro debe participar en las soluciones legislativas destinadas a impedir nuevas rebajas de condenas. Esa defensa, sin embargo, no ha conseguido cerrar las discrepancias dentro del oficialismo ni los cuestionamientos de la oposición.
Una operación «oscura»
La controversia por las rebajas de condenas también abrió interrogantes sobre sus consecuencias efectivas. Hasta ahora, la información pública disponible no permite establecer con suficiente precisión cuántos beneficiados recuperaron la libertad ni identificar exhaustivamente sus situaciones penitenciarias. Las dudas incluyen a condenados recluidos en Punta Peuco y Colina 1.
La distinción entre obtener una rebaja de condena y recuperar efectivamente la libertad resulta jurídicamente indispensable. Sin embargo, esa precisión no libera a las autoridades de explicar las consecuencias concretas de los decretos. Por el contrario, exige entregar antecedentes verificables sobre cada situación, respetando las restricciones legales que correspondan.
La ausencia de una explicación completa también dificulta determinar el verdadero alcance de las decisiones administrativas cuestionadas. Mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en defender la permanencia del ministro Rabat, siguen pendientes respuestas sobre los beneficiados y sus situaciones actuales. Son antecedentes esenciales para la fiscalización pública y la evaluación de las responsabilidades políticas.
La participación del exsubsecretario Luis Silva en la controversia no se limitó a la firma de decretos de rebaja de condenas. También solicitó al Poder Judicial tramitar reservadamente al menos un recurso de amparo relacionado con César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por graves violaciones a los derechos humanos. La petición incluía impedir el acceso público a la carpeta electrónica. ¿Iniciativa propia o una orden superior?
¿Quién ordenó insistir en las rebajas?
Una investigación de El Mostrador reveló antecedentes que van más allá de los vínculos personales entre colaboradores del Presidente y familiares de exagentes de la CNI. El entonces subsecretario Luis Silva realizó nuevas gestiones judiciales en favor de condenados que ya habían recibido decisiones adversas. Esas actuaciones obligan a examinar si el ministerio se limitó a cumplir resoluciones o promovió activamente la concesión de beneficios.
La distinción resulta fundamental para establecer las responsabilidades políticas. Silva atribuyó al ministro Fernando Rabat el cambio de criterio jurídico que permitió respaldar las rebajas de condenas. Sin embargo, todavía corresponde esclarecer quién dispuso insistir ante los tribunales, qué instrucciones impartió y hasta dónde llegó el conocimiento de las autoridades superiores.
Las actuaciones del ministerio constituyen antecedentes susceptibles de revisión documental y fiscalización institucional. Allí se encuentra una cuestión central de la controversia: determinar quién impulsó las gestiones, con qué fundamentos y bajo qué autoridad.
¿Qué tanto sabía el presidente?
Los diputados César Valenzuela (PS) y Tatiana Urrutia (FA) enviaron una carta al Presidente José Antonio Kast para solicitar antecedentes sobre el conocimiento que tuvo la Presidencia de la República respecto de los decretos de rebaja de condenas dictados por el Ministerio de Justicia durante 2026, que beneficiaron a personas sentenciadas por delitos graves, incluidos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La solicitud busca esclarecer cuándo el Mandatario fue informado de estas decisiones, quién le comunicó los antecedentes y si conoció previamente el cambio de criterio jurídico y administrativo aplicado por el Ministerio de Justicia para resolver las solicitudes de rebaja de condenas. Asimismo, los parlamentarios apuntaron a que se informe si existieron instrucciones, órdenes o coordinaciones desde La Moneda para implementar dicha modificación.
En el escrito, los diputados también requirieron identificar a los funcionarios y asesores del gabinete presidencial que participaron en las coordinaciones con el Ministerio de Justicia, precisar qué información recibieron y si esta fue posteriormente transmitida al Presidente. Además, piden copia de correos electrónicos, minutas, informes, actas y otros registros de eventuales reuniones o comunicaciones entre ambas instituciones relacionadas con la dictación de los decretos.
El diputado César Valenzuela (PS), sostuvo «en ambos casos, tanto el Presidente de la República como el equipo de la Presidencia deben dar explicaciones al país acerca de cuándo efectivamente tomaron conocimiento de este cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia que ha permitido liberar más de 50 pedófilos en nuestro país. La crítica y la opinión pública está concentrada en el Ministro de Justicia, y con razón, en el Subsecretario Silva, que ha tratado de arrancar como las ratas de su responsabilidad», señaló.
Una crisis que no termina con un cambio de nombre
La remoción de Silva resolvió el conflicto inmediato provocado por su declaración pública, pero no modificó las decisiones administrativas que originaron la controversia. Tampoco cerró la investigación penal, la discusión sobre las responsabilidades ministeriales ni las iniciativas parlamentarias. Esos procesos mantienen abierta una crisis que afecta simultáneamente al Ejecutivo y a sus partidos de apoyo.
La remoción de Silva no ha despejado las preguntas sobre el origen y la aplicación del cambio de criterio jurídico. Tampoco explica por qué el ministerio continuó realizando gestiones favorables a las rebajas después de decisiones judiciales adversas. Es necesario establecer qué sabía la Presidencia y qué participación tuvo en esas actuaciones.
El respaldo de Kast a Rabat constituye una decisión política conocida. Distinto es determinar si el Presidente o sus asesores conocieron, autorizaron o instruyeron las gestiones que originaron la controversia. Esa cuestión requiere antecedentes documentales y respuestas institucionales que todavía están pendientes.
