Caso Rabat: Oposición pide definiciones a Parisi: La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene ahora un protagonista inesperado: Franco Parisi. La oposición emplazó al líder del Partido de la Gente (PDG) a transparentar la postura de su colectividad frente al libelo. Sus 14 diputados podrían resultar decisivos para determinar el futuro político del secretario de Estado.
El documento, presentado el jueves 12 de noviembre, comenzará su tramitación este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados. La oposición calcula que dispone de unos 65 votos, mientras necesita alcanzar 78 para aprobar la acusación. Por eso, las gestiones se concentran tanto en el PDG como en parlamentarios oficialistas que han cuestionado la actuación del ministro.
El libelo surge de la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a responsables de delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. También cuestiona la información proporcionada por Rabat al Congreso durante la fiscalización de esas decisiones. Pese a las críticas, el presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al titular de Justicia.
Mirosevic emplaza directamente a Parisi
El senador liberal Vlado Mirosevic fue uno de los primeros en exigir una definición pública del PDG. Cuestionó la cercanía política que, a su juicio, mantiene esa colectividad con el Ejecutivo. Además, planteó que sus votos han contribuido a sostener la mayoría gubernamental en la Cámara.
«¿Hasta qué minuto va a seguir abrazado a la tabla de José Antonio Kast y dándole una especie de co-gobierno?», preguntó Mirosevic.
El parlamentario sostuvo que la oposición mantiene una posición común frente a la acusación constitucional. Sin embargo, el respaldo opositor no basta por sí solo para conseguir su aprobación. De ahí que el comportamiento de los diputados del PDG haya adquirido especial relevancia.
El PDG sigue sin resolver su voto
El Partido de la Gente todavía no adopta una posición definitiva sobre la acusación. Dentro de su bancada existen diferencias respecto de los fundamentos jurídicos y políticos del documento. Incluso se ha planteado la posibilidad de otorgar libertad de acción a sus parlamentarios.
Su jefe de bancada, Juan Valenzuela, reconoció anteriormente que existen cuestionamientos políticos a la actuación de Rabat. No obstante, advirtió que un reproche moral no necesariamente constituye una infracción constitucional. Por ello, sostuvo que los diputados deben examinar los capítulos del libelo antes de pronunciarse.
La indefinición abre distintas posibilidades para la votación. Si la oposición mantiene sus 65 respaldos, necesitará incorporar al menos otros 13 votos para alcanzar los 78 requeridos. Los apoyos podrían provenir del PDG, de parlamentarios oficialistas o de ambos sectores.
PPD pide revisar los fundamentos
El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, también dirigió un llamado a los diputados del PDG. Les pidió examinar los antecedentes de la acusación y decidir sobre la base de su contenido. A su juicio, los fundamentos presentados justifican una sanción contra el ministro.
«Hago un llamado a toda la oposición, especialmente al PDG, a que el Partido de la Gente represente a la gente», señaló Vergara.
El dirigente agregó que el análisis del documento debería conducir a respaldar la destitución de Rabat. Su planteamiento refleja la estrategia opositora de concentrar la discusión en los hechos que originaron el libelo. La apuesta es conseguir apoyos más allá de las diferencias entre las bancadas.
También buscan votos oficialistas
La diputada radical Marcela Hernando reconoció que el resultado de la acusación permanece abierto. Por ello, defendió la necesidad de conversar con representantes de distintos sectores políticos. Su preocupación incluye la incertidumbre sobre el comportamiento del PDG. «Con el Partido de la Gente nunca se sabe», afirmó Hernando.
La parlamentaria sostuvo que las gestiones no deben limitarse a esa bancada. En la oposición también observan a diputados oficialistas que han manifestado reparos al manejo de la crisis en Justicia. Esas conversaciones podrían adquirir mayor importancia si el PDG decide dividir sus votos.
El Gobierno, entretanto, insiste en que Rabat actuó conforme a la Constitución y las leyes. Desde La Moneda han cuestionado los fundamentos de la acusación y expresado confianza en la defensa del ministro. El lunes comenzará la tramitación con la cuenta del ingreso y la conformación de la comisión revisora.
Una decisión con consecuencias políticas
La controversia ya provocó la salida del exsubsecretario de Justicia Luis Silva y abrió una investigación penal por presunta prevaricación administrativa. Sin embargo, el Presidente mantiene en su cargo al ministro cuestionado. La acusación constitucional representa ahora el principal intento parlamentario por establecer su responsabilidad política y constitucional.
Para la oposición, conseguir los votos necesarios supone convencer a parlamentarios que todavía no han comprometido su respaldo. Para el PDG, la discusión implica definir públicamente su posición frente a una de las mayores crisis del Gobierno. Y para La Moneda, el resultado puede determinar la continuidad de un ministro al que Kast ha decidido sostener.
El lunes comenzará el procedimiento parlamentario, pero la votación de fondo vendrá después. Mientras tanto, Parisi y su bancada enfrentan una decisión que puede inclinar el resultado. La incógnita ya no es solamente qué ocurrirá con Rabat, sino quiénes estarán dispuestos a respaldarlo cuando llegue el momento de votar.
El win win de la oposición
La oposición enfrenta la acusación constitucional con una ventaja estratégica: puede obtener réditos políticos cualquiera sea el resultado. Si consigue aprobarla en la Cámara y el Senado destituye a Rabat, habrá logrado la salida de un ministro fuertemente cuestionado. Además, habrá propinado un golpe directo a Kast, que ha defendido su permanencia pese al costo lógico y político de esa decisión.
Pero si la acusación fracasa, sus impulsores podrán trasladar ese costo a quienes contribuyan a rechazarla. Podrán presentar a esos parlamentarios como responsables políticos de mantener en el cargo al ministro cuestionado por las rebajas de condenas. En ese escenario, los votos del PDG adquirirán especial relevancia ante la opinión pública.
Parisi enfrenta así una decisión que trasciende la suerte de Rabat. Si sus diputados respaldan la acusación, podrían tensionar su relación con La Moneda; si la rechazan, deberán explicar por qué contribuyeron a sostener al ministro. Para la oposición, la votación ofrece dos caminos distintos hacia un mismo objetivo: aumentar el costo político que la crisis de Justicia representa para Kast.
